Ciudad de México. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del defensor ambiental Adán Vez Lira, ocurrido el 8 de abril de 2020 en la comunidad de La Mancha, municipio de Actopan, en Veracruz.

 El organismo internacional ha documentado que en lo que va 2020, en México han sido asesinados cuatro defensores de derechos humanos. Un año antes fueron ultimados al menos 20 activistas en el país, la mitad de ellos trabajaban en temas relacionados con el medio ambiente.

Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH en México, censuró el homicidio y señaló que “quienes defienden el medio ambiente y construyen alternativas para el desarrollo sostenible en México enfrentan numerosos riesgos y amenazas. (Estos activistas) se oponen a intereses y muchas veces deben hacerlo solas por la falta de actuación de las autoridades, quienes tienen la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

 Esta oficina internacional llamó a las autoridades correspondientes a garantizar una investigación efectiva del asesinato de Vez Lira, que incluya entre sus líneas de investigación aquellas vinculadas con sus actividades de defensa y cuidado del medio ambiente. Dicha indagatoria “deberá determinar no sólo los autores materiales del ataque, sino también a quienes hubieran podido participar como autores intelectuales o instigadores del mismo”, subrayó.

Vez Lira era un reconocido activista ambiental cuya voz y liderazgo habían destacado en diferentes procesos en defensa del medio ambiente en Actopan. Las actividades de conservación en las que participaba junto con otras personas de la zona habían sido reconocidas a nivel nacional como buenas prácticas de manejo ambiental.

La ONU-DH exhortó a garantizar la protección efectiva de las personas defensoras del medio ambiente en el municipio de Actopan, en especial de aquellas que colaboraban con Vez Lira por medio de acciones eficaces y concertadas con ellas.

Dichas medidas “les deben permitir continuar con sus labores en un ambiente seguro y libre de riesgos y deben contribuir a las mismas las autoridades federales, estatales y municipales en sus distintos ámbitos de competencia”.