La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, admitió a trámite la controversia constitucional que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en contra de la prohibición para que los ex funcionarios públicos puedan emplearse en empresas privadas, dentro de los diez años siguientes a que dejaron sus cargos.

Esta acción de inconstitucionalidad fue presentada la semana pasada ante la SCJN e impugna otros artículos de la Ley de Austeridad Republicana (LAR), que sujeta a todos los entes públicos a la obligación de evitar el dispendio en temas como la compra de autos y de equipos de telefonía celular.

Aunque la controversia ya fue admitida a trámite, la ministra Piña negó otorgar la suspensión solicitada, por lo cual la Cofece deberá acatar la LAR hasta que la Corte resuelva si esta ley se apega o no a la constitución y a los convenios internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos.

Este caso fue acumulado con otro similar promovido por senadores de minoría, quienes también cuestionan la constitucionalidad de la LAR.