Ciudad de México. Por unanimidad, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó este miércoles la Política Nacional Anticorrupción (PNA), el documento que “define el rumbo estratégico” para combatir este flagelo por parte de diversas instituciones del Estado mexicano.

Durante la primera sesión ordinaria del organismo en 2020, el titular del Comité de Participación Ciudadana, José Octavio López Presa, resaltó que la PNA fue resultado de “un amplio proceso de diálogo y colaboración que establece la agenda para todo el Estado mexicano, a la que se deberán alinear todos los esfuerzos de las instituciones federales y locales del país en el combate a la corrupción”.

En dicho documento, explicó, se establecen 40 prioridades de política pública que se alinean en cuatro objetivos fundamentales: combatir la corrupción y la impunidad; combatir la arbitrariedad y el abuso de poder; promover la mejora de la gestión pública y de los puntos d contacto gobierno-sociedad, e involucrar a la sociedad y al sector privado.

Asimismo, indicó que la PNA “tiene múltiples puntos de coincidencia con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública, así como con las nuevas obligaciones que se establecen en el artículo 27 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá en materia anticorrupción”.

En el resumen ejecutivo de la PNA, se establece que “las prioridades se clasifican en el corto, mediano y largo plazo, y se encuadran en 10 objetivos específicos que se alinean con las temáticas señaladas que integran cada uno de los cuatro ejes estratégicos”.

No es posible concebir un combate eficaz a la impunidad, señala el texto, “si no se combinan estrategias que fortalezcan las capacidades de las instancias de control interno, y de procuración e impartición de justicia; con herramientas que incrementen de manera significativa el involucramiento activo de la sociedad por medio de la denuncia”.

Asimismo, “no se puede suponer un fortalecimiento de la participación ciudadana y de la corresponsabilidad empresarial en el control de la corrupción, sin un correlato institucional y administrativo que, por una parte, propicie el diálogo y la cocreación y que, por otra, inhiba riesgos de corrupción existentes en los puntos de contacto entre gobierno y sociedad”.

En la misma sesión, se aprobó el Informe Anual del Comité Coordinador del SNA y se presentaron los avances de la Secretaría Ejecutiva de dicho sistema en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional.