Ciudad de México. El sector privado del país justificó que los despidos efectuados en diciembre pasado se trataron de plazas temporales y se apegaron a la ley existente y aseguró que no existe preocupación por la persecución que fue anunciada por el gobierno federal a las empresas que emplean bajo el esquema de outsourcing.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que el despido de los 64 mil trabajadores en el último mes del año se apegó a la normatividad existente y no a malas prácticas de subcontratación, a pesar de que el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) indicó que más de 14 mil empresas liquidaron a toda su plantilla.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se anunció que el gobierno federal comenzará a perseguir los casos de compañías que utilizan la subcontratación como delincuencia organizada, pues bajo esta figura las cotizaciones de los trabajadores en el IMSS no corresponden con el sueldo que perciben y tampoco reciben todas las prestaciones, entre otro tipo de acciones.

Comentó que con esta acción de la administración federal para regular a las empresas que contratan a trabajadores bajo un esquema de subcontratación, “nadie se nos ha adelantado, no hay preocupación en ese sentido”, pues el sector privado continúa los trabajos que se hacen en conjunto con el poder legislativo para hacer una contra propuesta a la regulación del outsourcing.

Salazar Lomelín sostuvo que esperan que en los próximos días comience el diálogo en el parlamento abierto para regular una ley vigente. “Hoy tenemos una ley que ya trata de regular las actividades de subcontratación. Esa ley establece prácticas en las cuales se dice cuándo se puede eliminar la plaza de un trabajador o contratarlo”, dijo.

Agregó que hay que revisar si algún despido hecho en diciembre violó la legislación actual. Reiteró que se deben regular este tipo de actividades.