Multas a quien abuse de la libertad de expresión

gnacio Comonfort, como presidente, en 1855 decretó la Ley Lafragua sobre libertad de imprenta. Su artículo 3 establecía: se abusa de la libertad de imprenta cuando se publican noticias falsas o alarmantes, o máximas o documentos dirigidos a excitar la rebelión o la perturbación de la tranquilidad pública. Tales escritos se calificaban como sediciosos; la pena para los infractores consistía en una multa muy alta y seis meses de prisión, por lo menos. Al reincidente se le aplicaba doble pena. La inquisitorial pena de prisión se descarta para que sirva como modelo para una ley actual. La aplicación de multa sí me parece conveniente para que sea considerada por los daños ocasionados de manera deliberada a los receptores de un mensaje falso.

l llamado juicio de residencia jugó un papel muy importante en lo que ahora son nuestros países durante los primeros años de su época colonial. Después, en la medida en que se volvía más compleja la administración y crecía el número de funcionarios, fue perdiendo formalidad y acabó convertido en un trámite que, siendo hipotéticamente obligatorio según la legislación de Castilla y lo que, de ésta, se aplicó en América, con frecuencia no se cumplía o simplemente se llevaba a cabo una suerte de simulacro. Además, claro está, de que también se eludía con frecuencia mediante una corta feria.

a iniciativa de Ley General de Educación Superior (LGES) carece de la visión histórica que le permita valorar las profundas diferencias en la educación y su origen. De la Revolución mexicana surgió un normalismo inédito, comprometido y popular; del 68, la autonomía universitaria, un espacio independiente y crítico de formación de alto nivel. Instituciones distintas pero por eso indispensables, y que, desde la educación básica a la superior, construyeron al país del siglo XX. Esas importantes singularidades están hoy a punto de perderse porque la LGES crea un Sistema Nacional de Educación Superior único que, al incluir a la normal como una más de las instituciones productoras de profesionistas, le quita su carácter e identidad de escuela de Estado, espacio de formación de un magisterio de mentalidad comprometida con niños y comunidades y con una idea progresista, profundamente distinta a la que impulsan otras instituciones. Es un sistema que, además, busca que las universidades autónomas lleguen a consensos con las tecnológicas y privadas sobre planes y programas de estudio. Ni las universidades del Bienestar estarán libres de esta presión. Sobre todo cuando este sistema será profundamente autoritario. La ley dice, por ejemplo, que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal (SEP) “coordinar el Sistema Nacional de Educación Superior (Art. 47). Para “modificar y actualizar los planes y programas…de las escuelas normales” (47, VI). Por otro lado, a escala estatal corresponderá a los gobernadores también “de manera exclusiva…coordinar el Sistema Local de Educación Superior” (Art. 48, I) y determinar el desarrollo de la educación superior de la entidad de manera concertada y participativa entre la autoridad educativa local y las instituciones de educación superior (Art. 54, I). Y es un desarrollo concebido como lineal donde no existen vocaciones institucionales distintas, sólo un diferente nivel de desarrollo de las instituciones (Art. 56) y un solo patrón de evaluación, la excelencia (Arts. 58, 59). En el caso de la Ciudad de México, serán coordinadas por el gobierno local, la UNAM, UAM, IPN, tecnológicos, las normales, las universidades del Bienestar, y, por supuesto, las privadas. Y, como en cada estado, entre todos podrán consensarse contenidos “para que… sean incluidos en los planes y programas de las escuelas normales.” (Art. 48, VI). Con la acotación de que en todo esto valdrá igual el voto de la Universidad Platón, digamos, que el de la UNAM. Y esa es sólo una de las 50 atribuciones que tiene la estructura federal-estatal (Ver Arts. 47-49). Pero, además, un Consejo Nacional para la Coordinación de la E.S. incorporará funciones adicionales (Art. 53), y tendrá una composición nada democrática: de un total de 118 miembros casi todos (100) serán autoridades (de SEP-Conacyt, estatales, rectores importantes, Anuies, rectores y rectoras de públicas y privadas). El resto, 18, serán académicos y estudiantes, pero, no ilusionarse demasiado, estas personas serán propuestas por una instancia oficial y elegidas por el [propio]Consejo, que podrá funcionar sin ellas. En suma, el consejo viene a institucionalizar el poder que ya ejercían ciertos rectores clave, muchos de los gobernadores en la relación con las universidades locales, el sector privado educativo (incluyendo Coparmex) y la cúpula de la Anuies.

a Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee) cumple hoy 10 años desde su fundación. Su nacimiento se dio poco después del decreto presidencial que dispuso en 2009 la extinción de Luz y Fuerza del Centro, de los excesivos, impositivos, arbitrarios e impagables cobros de luz en los recibos que comenzaron a recibir millones de personas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como del inicio de la privatización de la industria de la energía eléctrica y la reforma energética de 2013.

n el debate entre Kamala Harris y Mike Pence se repitió la división entre republicanos y demócratas. Destacó, desde mi punto de vista, la sencillez y poesía de Kamala, apostando por los desheredados que tratan de llegar a Estados Unidos y los que son ciudadanos que arribaron de otras naciones y que representan la grandeza del país del norte. Detrás de los migrantes está el miedo a la guerra nuclear, la hambruna, la pandemia, el cambio climático y la violencia racial.