a iniciativa de Ley General de Educación Superior (LGES) carece de la visión histórica que le permita valorar las profundas diferencias en la educación y su origen. De la Revolución mexicana surgió un normalismo inédito, comprometido y popular; del 68, la autonomía universitaria, un espacio independiente y crítico de formación de alto nivel. Instituciones distintas pero por eso indispensables, y que, desde la educación básica a la superior, construyeron al país del siglo XX. Esas importantes singularidades están hoy a punto de perderse porque la LGES crea un Sistema Nacional de Educación Superior único que, al incluir a la normal como una más de las instituciones productoras de profesionistas, le quita su carácter e identidad de escuela de Estado, espacio de formación de un magisterio de mentalidad comprometida con niños y comunidades y con una idea progresista, profundamente distinta a la que impulsan otras instituciones. Es un sistema que, además, busca que las universidades autónomas lleguen a consensos con las tecnológicas y privadas sobre planes y programas de estudio. Ni las universidades del Bienestar estarán libres de esta presión. Sobre todo cuando este sistema será profundamente autoritario. La ley dice, por ejemplo, que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal (SEP) “coordinar el Sistema Nacional de Educación Superior (Art. 47). Para “modificar y actualizar los planes y programas…de las escuelas normales” (47, VI). Por otro lado, a escala estatal corresponderá a los gobernadores también “de manera exclusiva…coordinar el Sistema Local de Educación Superior” (Art. 48, I) y determinar el desarrollo de la educación superior de la entidad de manera concertada y participativa entre la autoridad educativa local y las instituciones de educación superior (Art. 54, I). Y es un desarrollo concebido como lineal donde no existen vocaciones institucionales distintas, sólo un diferente nivel de desarrollo de las instituciones (Art. 56) y un solo patrón de evaluación, la excelencia (Arts. 58, 59). En el caso de la Ciudad de México, serán coordinadas por el gobierno local, la UNAM, UAM, IPN, tecnológicos, las normales, las universidades del Bienestar, y, por supuesto, las privadas. Y, como en cada estado, entre todos podrán consensarse contenidos “para que… sean incluidos en los planes y programas de las escuelas normales.” (Art. 48, VI). Con la acotación de que en todo esto valdrá igual el voto de la Universidad Platón, digamos, que el de la UNAM. Y esa es sólo una de las 50 atribuciones que tiene la estructura federal-estatal (Ver Arts. 47-49). Pero, además, un Consejo Nacional para la Coordinación de la E.S. incorporará funciones adicionales (Art. 53), y tendrá una composición nada democrática: de un total de 118 miembros casi todos (100) serán autoridades (de SEP-Conacyt, estatales, rectores importantes, Anuies, rectores y rectoras de públicas y privadas). El resto, 18, serán académicos y estudiantes, pero, no ilusionarse demasiado, estas personas serán propuestas por una instancia oficial y elegidas por el [propio]Consejo, que podrá funcionar sin ellas. En suma, el consejo viene a institucionalizar el poder que ya ejercían ciertos rectores clave, muchos de los gobernadores en la relación con las universidades locales, el sector privado educativo (incluyendo Coparmex) y la cúpula de la Anuies.

La nueva organización del poder que establece la LGES, va aún más lejos. El sector privado tendrá acceso a los centros de decisión. Así, respecto del Consejo Nacional de Participación, se habla de los titulares de las instituciones públicas y privadas (Art.52). Y tendrán un peso muy importante porque gracias al número de instituciones privadas (3.2 mil vs. 2.2 mil públicas) inevitablemente serán parte importante de los 54 representantes de subsistema y región que forman dicho consejo (Art. 52). Podrán también ser parte de la representación de la Anuies –entre los gobernadores tendrán algunos de su lado– y finalmente las privadas podrán acceder al Reconocimiento a la Excelencia Educativa (Art. 72), algo que dará prestigio y clientes.

La inclusión de este nuevo actor privado y privatizador, a la conducción nacional de la educación superior contrasta violentamente con la exclusión que se hace a una verdaderamente libre y significativa representación de estudiantes y trabajadores académicos y administrativo y sus problemas. Con todo lo anterior, es posible pensar que será aún más conflictivo el contexto que en los pasados 20 años ha atestiguado potentes movilizaciones contra la modernización educativa impuesta y privatizadora: en la UNAM, IPN, UAM, y en el sector normalista-magisterial, contra la reforma educativa y Ayotzinapa. Y la LGES ni siquiera garantiza el derecho humano a la educación, pues cede a rectores públicos y privados, el poder para imponer requisitos. ¿La 4ª transformación?

*UAM-Xochimilco