En su primera reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció iniciar una nueva ruta en las investigaciones, con un equipo que se abocará a la revisión de los expedientes y la incorporación de tecnologías, con el fin de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los jóvenes.

Afirmaron lo anterior las familias de los estudiantes al salir del encuentro en Palacio Nacional, con el que empezó esta nueva etapa, en la que destacaron la disposición de la Presidenta para reconstruir el diálogo, con el compromiso de sostener una segunda reunión a principios de febrero de 2025, profundizar en las líneas de investigación y no cerrar el caso hasta encontrar la verdad de lo que ocurrió.

Aseguraron que continuará la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj); sin embargo, subrayaron que es necesario fortalecerla y darle vida institucional, ya que se debilitó y estuvo haciendo otras tareas que no eran los objetivos planteados en el decreto de su creación, en diciembre de 2018.

Sobre su demanda de que el Ejército entregue 800 folios en los que habría datos relevante para dar con el paradero de los estudiantes, Melitón Ortega, tío de Mauricio –uno de los desaparecidos–, expuso en entrevista que la mandataria se comprometió a que en breve va a enviar una carta a la Defensa (Secretaría de la Defensa Nacional) para solicitar esa información.

Las familias puntualizaron que si bien insisten en que les entreguen esos documentos, se pidió de manera concreta lo referente a las intercepciones del Ejército a dos conversaciones telefónicas de dos cabecillas de la organización criminal Guerreros Unidos.

Una está relacionada con Gildardo López Astullo, El Gil, quien hace referencia a un presunto traslado de 17 normalistas a Loma de Coyotes, y otra de Alejandro Palacios, El Cholo, quien dijo tener participación directa en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014; ambos ya detenidos.

Al respecto, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, precisó en entrevista que tanto los familiares como la mandataria coincidieron en no entrar en esta polarización que representa el tema del Ejército y su posible participación en el caso.

Melitón Ortega, también vocero de los parientes de los jóvenes, destacó que en el salón Tesorería, donde se llevó a cabo la reunión que duró poco más de hora y media, y en la que estuvieron también la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra, la Presidenta fijó una postura de poder avanzar (en el caso) y no estar confrontando.

Así, Ortega recordó que con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador iniciamos con buenos pasos y terminamos en la confrontación precisamente sobre el tema de los militares.

Las familias también plantearon a la jefa del Ejecutivo la urgencia de extraditar a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel. Rosales señaló que su respuesta fue que van a seguir insistiendo, pero que depende del gobierno de ese país el que se logre.

El encuentro se llevó a cabo a la una de la tarde; como en cada reunión, hubo protesta y marcha, y los padres arribaron a Palacio Nacional portando las imágenes de sus hijos, acompañados por sus representantes legales e integrantes de los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de La Montaña Tlachinollan, así como Serapaz y Fundar.