Un Tribunal determinó que al momento de resolver una apelación contra la vinculación a proceso la autoridad no fundó ni motivo la determinación de ratificar la vinculación a proceso.

La alcaldesa con licencia, presuntamente habría recibido pagos mensuales que sumaron más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018.

Habrían otorgado indebidamente un contrato de prestación de servicios por un monto de 105 millones de pesos.