Una juez federal determinó que la FGR no aportó evidencia suficiente para procesarlo. Sin embargo, deberá permanecer en el Altiplano por cargos de tortura.
El proyecto de ley, que tiene que ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, obligaría al gobierno a ampliar la recaudación de datos sobre armas de fuego confiscadas en México.
