El MPF acusó al ex gobernador priísta de haber realizado estos delitos en la hipótesis de quien tenga funciones de dirección, administración y supervisión, con lo cual la pena que se le dicte se incrementaría por haber sido funcionario público.

Únicamente le otorgaron el recurso para el efecto de que su libertad quede a disposición del juzgado de amparo, en el lugar en el que se encuentre recluido y a disposición del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal.

El ex mandatario fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero en Estados Unidos.

El ex mandatario se encuentra preso en una cárcel de EU por aceptar sobornos y usar ese dinero en la compra fraudulenta de propiedades en el país vecino.