Uno propone declarar constitucional el impuesto del 2% que el gobierno capitalino cobra a las plataformas digitales, y otro que limita la posibilidad de que asociaciones civiles promuevan amparos en materia ambiental.

Durante el Cuarto Seminario de Criminología Verde en México de la UNAM se expuso que la transparencia y acceso a los casos de justicia ambiental están limitados.