“Los Estados deben asegurar el registro adecuado, preciso y confiable de personas desaparecidas, de cuerpos y restos óseos no identificados”, indicó la Comisión a través de sus redes sociales.
Familiares de campesinos asesinados en Guerrero de 1969 a 1979 señalaron que se suspendió la exhumación de ocho cuerpos porque la Guardia Nacional se negó a darles seguridad.
