El organismo, que representa a 300 mil empresas, considera que la medida es ilegal porque viola las disposiciones de la Ley de Migración.

Señalan que es para objetar lo que describieron como los "aspectos opacos del marco de pruebas de estrés".

El presidente de la Cámara de Comercio capitalina hizo un llamado al poder legislativo para postergar esta decisión.