La represión a defensores en Oaxaca alarma.

La información difundida por la Fiscalía estatal criminaliza a la defensora de los Derechos Humanos e intenta disociar su calidad como persona señalando que su desaparición y asesinato fue un "daño colateral".

Cuestionan las políticas del gobernador Salomón Jara, demandan justicia para activistas asesinadas y exigen respuesta a sus demandas.

A casi dos semanas de la desaparición de la activista y su esposo Alexander Hernández, en Oaxaca, la comisión ordenó la radicación de oficio de la investigación.