Guanajuato, Gto., El Congreso de Guanajuato reformó la Ley de Responsabilidades para que el acoso sexual cometido por funcionarios sea una falta administrativa grave que se castigue con la separación del cargo o la inhabilitación. A propuesta de la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, los diputados adicionaron el artículo 57 bis, que estipula que cometerá acoso sexual el servidor público que con fines sexuales o lascivos asedie, produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la persona, incluso si no existe una relación de subordinación. 

Agrega que se equiparan al acoso sexual los actos que impliquen violencia sexual en los términos del artículo 6, fracción V de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Agrega que también comete acoso quien realice actos de violencia sexual hacia otra persona que no sea servidora pública, valiéndose de su empleo en el servicio público.También se castigará a quien permita, tolere o facilite la realización de conductas de acoso sexual. Y quien grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte imágenes, textos, sonidos o la voz de una persona funcionaria pública o no, sin consentimiento y con propósitos lascivos o eróticos. 

Denuncias

En lo que va del año 2025, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) recibió 23 denuncias por acoso sexual de mujeres que trabajan en cuatro dependencias estatales y en ocho gobiernos locales. Del total de las denuncias, 11 son de funcionarias estatales y 12 de municipales. La Prodheg investiga cinco casos denunciados en la Secretaría de Salud, cuatro en la Secretaría de Educación, uno en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) y uno en la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Hay dos investigaciones contra autoridades del Ayuntamiento de Yuriria; una, en Seguridad de Irapuato; una, en el gobierno de Salvatierra; una, en Desarrollo Social de Celaya; una, en Ordenamiento Territorial de Salamanca; una, en la Comisión del Deporte de Yuriria y una, en Desarrollo Social de San Luis de la Paz. 

León

En lo que respecta al gobierno de León, Derechos Humanos recibió una queja por acoso sexual en el Instituto de las Mujeres; una, en Protección Civil; una, en Seguridad; y una, en el Patronato de la Feria. La procuradora, Karla Alcaraz Olvera, acaba de emitir seis resolutivos de recomendación al director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Enrique de Haro Maldonado, porque su jefe de Comunicación acosó sexualmente y laboralmente a una subordinada.Derechos Humanos comprobó que el jefe de Comunicación Social del SAPAL, Luis Arturo Hernández Olmos, “omitió salvaguardar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia” al acosar laboral y sexualmente a una subordinada. 

El caso fue documentado en el expediente de queja 0648/2024, donde la funcionaria acusó a su jefe de hacerle comentarios referentes a su cuerpo e invitaciones a salir.“Todas las conversaciones que sostuvieron por medios electrónicos fueron en un contexto de la relación de amistad, y sus expresiones fueron bromeando”, afirmó Luis Arturo Hernández ante Derechos Humanos.En sesión de Ayuntamiento, regidoras del PVEM y de MC solicitaron que sea destituido el jefe de Comunicación, pero Enrique de Haro lo mantiene en el cargo.