Guadalajara, Jal. La comunidad autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Atzqueltan, en el municipio de Villa Guerrero, al norte de Jalisco, dio a conocer haner padecido nuevas agresiones, despojos e impunidad que amenazan a su territorio e integridad, ahora a manos de un particular que según afirmaron fue apoyado por supuestos policías investigadores de la Fiscalía de Jalisco para apoderarse del predio El Sabino Quemado, que es propiedad comunal.

La semana pasada el lugar fue delimitado con un muro de piedra y una puerta metálica en la que se colocó el letrero “propiedad privada”, sin que mediara algún ordenamiento judicial, por lo que los comuneros reclaman su inmediata devolución y que el gobierno estatal termine con la serie de despojos y criminalización de que han sido objeto desde 2019, sobre todo por autoridades municipales y caciques de esa región ahora apoyados por personal de la Fiscalía estatal.

“Hace unos días denunciamos la incursión ilegal de un grupo de personas armadas que se identificaron como policías investigadores, ocurrida el pasado 4 de noviembre. Alegaban que un supuesto ‘dueño’ les había mostrado documentos de propiedad. Durante la incursión amenazaron de muerte a comuneros, robaron materiales y herramientas y sembraron el terror entre quienes ahí trabajaban”, afirmaron, en un comunicado dirigido entre otros al gobernador jalisciense Pablo Lemus.

El 11 de noviembre el supuesto “pequeño propietario” Refugio Raygoza colocó un cerco de piedra y una puerta de metal en el acceso al terreno, asegurando que la Fiscalía del Estado le ordenó hacerlo.

“Lo anterior constituye un acto de despojo, que es un delito sancionable de acuerdo con la ley penal; sin embargo, como es realizado por parte de una persona ajena a la comunidad no hay sanción, sino que se promueve por quienes deberían investigar”, señalaron.

También que no se les ha dado información o documento oficial que compruebe que no se trata de un despojo y que “lo único que nos han mostrado han sido las armas largas y amenazas de muerte”.

“Nuestra comunidad mantiene procedimientos legales vigentes ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, por el reconocimiento y titulación de nuestros bienes comunales, titulados por la Corona Española en 1733. Sin embargo, la codicia de supuestos pequeños propietarios y la complicidad de autoridades han buscado privatizar lo que pertenece legítimamente a nuestro pueblo”.

Recordaron el ataque que sus autoridades comunales sufrieron en 2019 por parte de Fabio Flores Sánchez, alias “La Polla”, acompañado por un grupo violento de hombres que golpearon y amenazaron sin que hasta la fecha ocurriera algún castigo contra el sujeto empeñado en quedarse, sin resolución judicial, con tierras que la comunidad reclama como propias.

“Los intentos de homicidio pretenden ser reducidos a lesiones, y el poder judicial ha protegido a los agresores mientras nuestras autoridades siguen sufriendo las secuelas del ataque”.

Ratificaron que seguirá la posesión colectiva de los parajes El Sabino Quemado y La Cueva del Mosco, que es donde “se pretende arrebatar nuestras tierras ancestrales”.

Acusaron que en represalia a su resistencia legal, son los comuneros quienes han sido criminalizados y hasta llevados a la cárcel con acusaciones de falsos delitos hechas por los caciques que buscan adueñarse de parte de su territorio, mientras las denuncias presentadas por la comunidad son ignoradas por las autoridades.

En el comunicado, que comenzó a difundirse a través de diversas plataformas de organizaciones civiles, se exige la intervención, investigación y seguimiento a la denuncia por parte del fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, para “detener la impunidad, esclarecer los hechos violentos recientes y sancionar a los responsables”.

También se pidió la devolución de los materiales y herramientas sustraídos durante los ataques para posesionarse del predio y que sean suspendidas y se sancionen todos los actos tendientes al despojo de sus bienes comunales “en complicidad con las autoridades de la Fiscalía (delegadas) en Villa Guerrero, Jalisco”.

Se insistió en que les sea brindada seguridad para evitar más violencia y hasta muertes, ante las “amenazas, hostigamientos y despojo” que contradicen el respeto pleno a la autonomía y libre determinación de la comunidad.

El juicio agrario sobre el territorio que hoy ocupa San Lorenzo de Azqueltan, poblado al fondo de una profunda barranca desde la cabecera municipal de Villa Guerrero, es el 38/2017 y su intención es lograr el reconocimiento de los bienes comunales, según los términos del título virreinal de 173, en lo que afirman es su territorio ancestral y abarca cerca de 39 mil hectáreas.

Lo ocurrido en San Lorenzo contrasta con que este jueves en Guadalajara se sumó a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, el wixárika Emilio Laurencio Hernández Bautista, “el primer diputado de los pueblos originarios en llegar por cuota” al legislativo estatal, luego que la diputada titular Alejandra Giands Valenzuela pidió licencia al cargo.

“Para nuestro Movimiento, su presencia representa un gran paso para la comunidad wixárika y sabemos que con su labor impulsará una agenda que reconozca y fortalezca los derechos de los pueblos originarios”, publicó en redes el partido naranja.