Santiago. El abuso de sobre precios a los consumidores chilenos que las generadoras eléctricas han cobrado desde hace ocho años (https://bit.ly/3WC0j77), se agravó luego que el sector de las empresas transmisoras admitiera que algo idéntico sucede con ellas, facturando unos 115 millones de dólares indebidamente, en este caso entre 2020 y 2024.

Ambas anormalidades son responsabilidad del organismo estatal -Comisión Nacional de Energía (CNE)- a cargo de las tarifas, que calculó erróneamente los precios, aplicando dos veces la variación de la inflación.

La diferencia con lo abusado por las generadoras, que desde 2017 obtuvieron hasta 200 millones de dólares en tarifas abultadas, radica en que las compañías de transmisión detectaron e informaron “de manera oportuna y voluntaria”, dijeron, tanto a la CNE como al Ministerio de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional (administra el despacho de carga al sistema), para que se corrigieran los cobros.

Pero increíblemente la CNE nada hizo, permitiendo que la tarificación excesiva continuara.

"Es una situación similar a la que hemos conversado estos días. A través de un error cometido, las empresas generadoras cobraron más de lo que correspondía y estamos trabajando para que eso sea devuelto a las personas. Y hemos comprobado que una empresa transmisora también tuvo un cobro adicional al que correspondía", explicó el biministro de Economía y de Energía, Álvaro García.

"Nos hemos puesto en contacto y ellos han manifestado su disposición a compensar a las personas", afirmó.

La CNE actualiza el precio de la electricidad semestralmente mediante un decreto que previo a su publicación, es enviado a revisión de los privados, por lo cuan en el gobierno dudan que las generadoras no se percataran.

Es “poco probable” considerando que “tienen grandes equipos técnicos que revisan en detalle lo que les envía la CNE, pero no puedo dar certeza", dijo García, agregando que “cuando uno sabe que tiene el dinero de otro, lo honorable es devolverlo. Yo esperaría que las empresas por un deber moral con la ciudadanía devuelvan los cobros en exceso”.

El gobierno quiere realizar el reintegro mediante un descuento en las cuentas en enero de 2026, pero parlamentarios proponen aprobar inmediatamente una “ley corta” que apure el reintegro.

Las falencias en el sistema están saltando a la vista y apenas anteayer, cuando el fiasco se multiplicaba, una corte dejó a 850 mil usuarios sin electricidad en Santiago por seis horas.

El 25 de febrero pasado, también la falla en una línea de transmisión cortó el suministro al 95 por ciento del país, cuya reposición total tomó hasta 24 horas. Y en agosto de 2024, un temporal de viento y lluvia causó estragos en Santiago y barrios completos estuvieron hasta dos semanas sin energía.

Esa crisis hizo que el entonces ministro de Energía, Diego Pardow, propusiera debatir la conveniencia de que el Estado se haga cargo de la distribución, abriendo una controversia que quedó en nada.

En Chile la totalidad del mercado eléctrico -que en su origen y hasta la dictadura de Pinochet fue estatal- pertenece a privados, mayoritariamente compañías extranjeras, entre ellas chinas, estadounidenses e italianas, además con integración vertical entre generación, transmisión y distribución.

Ahora Pardow fue destituido por su responsabilidad política y la oposición, a días de las elecciones presidenciales y legislativas del 16 de noviembre, busca realizarle un juicio constitucional para inhabilitarlo, obviamente para maltratar al oficialismo, al cual maltrata por su incompetencia en la materia.