Ciudad de México. Las organizaciones El Poder del Consumidor, el Instituto del Sur Urbano y la Coalición Movilidad Segura exigieron a las autoridades renovar el marco normativo para que los autos comercializados en México ofrezcan mayor seguridad y protejan tanto a ocupantes como usuarios más vulnerables de las calles: peatones, ciclistas y motociclistas.
Por ello hicieron un llamado a la Secretaría de Economía para que incluya la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-194 en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad (PNIC) 2026. “Esta medida prioritaria es crucial para salvar vidas y cumplir los compromisos nacionales e internacionales en seguridad vial”.
Carolina Pérez-Ferrer, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, indicó que al día, 43 personas no regresan a casa debido a un siniestro vial, sumando 16 mil decesos anuales.
Recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2021 a 2023, de 1.6 millones de personas afectadas por siniestros de tránsito, más del 28 por ciento reportó consecuencias permanentes en su salud (algún tipo de discapacidad), incluyendo la necesidad de rehabilitación, lo que resalta la gravedad de los traumatismos no fatales. Los datos, dijo, muestran un aumento de las lesiones en motociclistas y ciclistas, dejando una diversidad de consecuencias para las familias afectadas.
En conferencia, las organizaciones advirtieron que los usuarios vulnerables de la vía representan el 70 por ciento de las defunciones por siniestros viales en el país, muertes en su mayoría prevenibles. “Tan solo en 2022, fallecieron 15 mil 986 personas por lesiones causadas por siniestros viales, de las cuales el mayor porcentaje se concentró en los peatones con 5 mil 794 atropellamientos fatales (36 por ciento del total), seguidos por usuarios de motocicleta con 5 mil 246 (33 por ciento).
Apuntaron que los sistemas de seguridad en autos como el Estándar de Protección a Peatones como el Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) son fundamentales para la movilidad segura de peatones, ciclistas y motociclistas. “De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y El Caribe, Latin NCAP, si dichos sistemas fueran obligatorios en México se podrían evitar más de 3,000 muertes por año, la mayoría de ellas, de usuarios vulnerables”.
Siniestros viales, carga económica de 333 mil mdp al año
Pérez-Ferrer destacó que las muertes y lesiones en siniestros viales representan una carga económica “costosísima para el país y para las familias”. Informó que en 2019 “los costos relacionados se estimaban en 333 mil millones de pesos, equivalentes al 1.28 por ciento del PIB, cifra que hoy podría estar subestimada ante la magnitud del problema”.
Estimó que “cuando un siniestro genera hospitalizaciones, rehabilitación, discapacidad, pérdida de productividad y tratamiento médico prolongado, ese costo repercute en la economía nacional, en el sistema de salud y en los hogares, especialmente los de menores recursos. No podemos seguir desatendiendo esta dimensión: invertir en seguridad vehicular no es un gasto, es una inversión con retorno social que, además de ahorrarle costos al país, salva vidas”.
Por su parte Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular de EPC, mencionó que “desde el proceso normativo anterior de la actualización de la NOM-194, en el cual participamos, expusimos ante la Secretaría de Economía la urgencia de hacer obligatorios elementos como el Estándar de Protección a Peatones y el Frenado Autónomo de Emergencia. Sin embargo, presiones de la industria automotriz y del gobierno estadounidense impidieron su incorporación, aun cuando son tecnologías clave para salvar miles de vidas”. Desde entonces hemos solicitado reiteradamente a la Secretaría de Economía que, dada la enorme relevancia del tema, reabra el proceso normativo para actualizar esta norma, la cual incumple lo dispuesto por la la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV)”.
