Madrid. Casi tres semanas después de su anuncio y tramitación por la “vía urgente”, finalmente el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, aprobó el decreto ley con el que embarga la compra-venta de armas al Estado de Israel, como medida contra el genocidio y la limpieza étnica que está perpetrando en Gaza. Sin embargo, el plan no es integral, sino parcial y recoge salvaguardas que permitirá, literal, “transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso” cuando se trate de defender “los intereses generales nacionales”. Diversas organizaciones como Greenpeace, que han sido aliadas de este gobierno, criticaron con dureza el decreto porque “mantiene amplias grietas legales que permiten la continuidad de la complicidad con el genocidio”.
En la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vocera Pilar Alegría confirmó que en esta ocasión sí habían aprobado el decreto ley con el que buscan eliminar cualquier tipo de importación y exportación de armas y material bélico a Israel. Se había retrasado por supuestas “complejidades técnicas”, que en realidad eran los mecanismos y soportes con los que pretendían sustituir las armas y la tecnología del Ejército español vinculado a empresas israelíes, con las que han tenido una estrecha relación comercial. Desde balas que sólo son compatibles con un tipo de armamento hasta plataformas tecnológicas para la comunicación de las unidades en el terreno o de los vehículos de guerra.
El texto del decreto establece que “quedará prohibida la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024”. Y se confirma la denegación de las solicitudes de autorización de tránsito por puertos y aeropuertos de barcos que transporten combustible a Israel. Pero se mantiene la salvaguarda por “interesas generales nacionales”.
Greenpeace, en un duro comunicado, aseguró que el decreto “no constituye un embargo de armas integral, retroactivo y transparente. Tampoco responde a las demandas urgentes de la sociedad civil, a las obligaciones legales internacionales ni a las necesidades del pueblo palestino. El texto regula de manera ambigua e incompleta el embargo y mantiene amplias grietas legales que permiten la continuidad de la complicidad con el genocidio”. Además, a su juicio, el gobierno español se reserva la libertad de incluir excepciones en los casos que supongan un “menoscabo para los intereses generales nacionales” y permite el tránsito de barcos y aviones con material militar, ya que no incluye protocolos de inspección ni mecanismos de verificación. "En nuestros puertos, aeropuertos y bases militares, pueden seguir transitando barcos y aviones con material militar. Tampoco veta el tránsito de buques o aeronaves sistemáticamente implicados en ese comercio”. A juicio de esta organización, “un embargo integral significa prohibir cualquier exportación, importación, transferencia, producción o compraventa de armas con Israel, incluyendo todos los tránsitos, con carácter retroactivo y aplicable tanto a la contratación pública como privada. Además, debe contar con mecanismos de transparencia y verificación independiente que garanticen su cumplimiento real, sin medias tintas, excepciones ni trampas legales. Solo un embargo integral puede romper la complicidad de España con el genocidio en Palestina. La medida aprobada hoy es un colador incapaz de frenar la participación de España en graves violaciones de derechos humanos”.
