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Empleados de seguridad en SCJN denuncian que han sido obligados a renunciar

Recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México.
Recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México. Foto Cuartoscuro / Archivo
12 de septiembre de 2025 08:55

Ciudad de México. Trabajadores de la Dirección General de Seguridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) denunciaron que alrededor de 60 de sus compañeros han sido obligados a renunciar para dar paso a un nuevo grupo denominado “facilitadores”, creado por el equipo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en coordinación con el área de Ayudantía de la Presidencia de la República.

En respuesta, la Corte confirmó que puso en marcha “una transformación en el área de seguridad”, incluso con personal de lenguas indígenas, para acercarse a la ciudadanía y, en especial, a quienes han sido históricamente excluidos del sistema de justicia; sin embargo, la institución no habló de las renuncias en el área.

Renuncias

Cuatro integrantes del personal —que pidieron el anonimato para evitar represalias en el pago de sus finiquitos— informaron a este diario que, tras la toma de posesión de los ministros el 1 de septiembre, se comenzó a solicitar la renuncia de directores generales, operativos y jefes de departamento.

Aunque se les aseguró que no afectarían al personal de base en los siete edificios de la SCJN, esta semana empezaron con las bajas del personal técnico en seguridad de nivel A —el más alto— y ayer extendieron la práctica a niveles inferiores, hasta la letra F.

“Nos dicen que renunciemos por las buenas o por las malas; si es por las buenas, analizarán recontratarnos”, relató uno de ellos.

Los trabajadores presentaron a este diario pruebas de su denuncia, incluido el documento que supuestamente deben firmar todos los seleccionados, que señalaron como ilegal según la jurisprudencia mexicana sobre renuncia forzada y los criterios para probar coacción.

“Por mi propio derecho presento ante usted mi renuncia voluntaria con carácter irrevocable con pleno conocimiento de mis derechos laborales… con efectos a partir del 15 de septiembre de dos mil veinticinco”, se lee. 

Señalaron que el nuevo director de Seguridad, Juan Rodrigo Sandoval Bonilla, pidió evaluar a más de 185 trabajadores, solicitar su renuncia a los seleccionados y preguntar si quieren reincorporarse, sin garantía de recontratación y cumpliendo nuevos requisitos, como compartir la visión de la nueva Corte.

El 3 de septiembre pasado La Jornada informó que la Corte implementaría un modelo de seguridad llamado “facilitadores” como primer filtro de atención ciudadana, capacitados para orientar a quienes acuden al máximo tribunal y canalizarlos al área correspondiente.

Responde la Corte

El pasado miércoles, la Corte confirmó que puso en marcha “una transformación en el área de seguridad” para acercarse a la ciudadanía y, en especial, a quienes han sido históricamente excluidos del sistema de justicia, pero omitió hablar de las supuestas renuncias en el área ni tampoco del asesoramiento que estaría recibiendo de la Presidencia de la República.

En una tarjeta informática del pasado miércoles señaló que desde el 1° de septiembre, día en que la Nueva Corte abrió sus puertas para acercarse a las personas y en especial, a quienes históricamente han sido excluidos del sistema de justicia, se implementó una transformación en el área de seguridad, misma que es el primer contacto.

“El objetivo es que cada persona que nos visite se sienta incluida, representada y atendida con dignidad. A partir de ahora, quienes acudan al edificio sede para ingresar un escrito, solicitar información sobre sus asuntos, conocer la Corte o pedir audiencia, serán recibidos por personas facilitadoras, es decir, personal especialmente capacitado para orientar, acompañar y ofrecer un trato humano y accesible.

“Los elementos de seguridad dejan de desempeñar un papel solamente de contención para convertirse en facilitadores y en una auténtica ventanilla de servicios. Este cambio forma parte de una reestructuración del área que modifica ciertas plazas laborales. Se incorporarán al menos una docena de personas, en su mayoría hablantes de lenguas indígenas como náhuatl u otomí, y se reubicará a 20 integrantes del personal con el propósito de fortalecer la primera línea de atención y dotarla de perfiles con vocación de servicio ciudadano”, señaló. 

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