En todas las aduanas del país operan “al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas”, de acuerdo con la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) tras el aseguramiento, en marzo pasado, de 10 millones de litros de diésel que transportaba el buque Challenge Procyon y que pretendía introducir de manera irregular a territorio nacional por el puerto de Altamira, Tamaulipas.
“Resaltan 109 que realizan (presuntamente de manera legal) importación, exportación, comercialización, distribución, venta y adquisición de los combustibles”, además de operaciones de huachicol fiscal, y se benefician del robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los puertos del Pacífico y el Golfo de México.
Asimismo, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, Grupo Potesta y Era Tech Combustibles estarían presuntamente involucradas con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.
Lo anterior se menciona en la indagatoria tras la cual la FGR solicitó 14 órdenes de aprehensión, entre ellas las de los sobrinos del ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán: el vicealmirante Manuel Roberto y el contralmirante Fernando Farías Laguna.
Según testimonios aportados por el Ministerio Público Federal a la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez, con sede en Almoloya de Juárez, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas y su hermano, el contralmirante Fernando, “tejieron una red compleja de servidores públicos que operan como colaboradores de actos de corrupción”.
En la causa penal 325/2025 se señala que los hermanos Farías Laguna –identificados en la organización delictiva como Los Primos– “gestionan los ascensos y las promociones” en la Secretaría de Marina.
