La presidenta Claudia Sheinbuam reveló que el miércoles pasado le pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la extradición de dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa.

“Se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres (de los 43 normalistas desaparecidos); son dos personas de las que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario de Estado”, señaló, en referencia a la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional.

No dio más detalles por las investigaciones que se siguen, pero “resaltó la sensibilidad que significa para nuestro país este caso”.

El 4 de este mes, un día después de su encuentro con Rubio, la Presidenta se reunió con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, y se habló de las nuevas líneas y métodos de investigación que se siguen.

Ayer, en la mañanera del pueblo, consultó al gabinete de seguridad si podía mencionar que las dos extradiciones que solicitó a Rubio son de dos vinculados al caso Iguala.

Cabe recordar que en marzo pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dio a conocer la deportación de Ariel Núñez Figueroa –quien entró a ese país de manera irregular–, sospechoso de haber participado en la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y cuyo testimonio es relevante para dar con el personaje llamado El Patrón, quien –de acuerdo con las indagatorias– ordenó atacar a los jóvenes.

Además, en junio pasado, el gobierno estadunidense entregó en deportación controlada a las autoridades mexicanas a Édgar Damián Sandoval Albarrán, La Rana o El Wereke, considerado uno de los testigos claves también en la desaparición de los jóvenes.

En este diario se ha publicado que El Wereke “se desempeñaba como halcón y sicario de la organización criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes”.

A principios de este año, luego de que fue detenido al ingresar ilegalmente a territorio estadunidense, la Fiscalía General de la República presentó ante el gobierno de Estados Unidos, la solicitud de detención provisional con fines de extradición y, tras una audiencia migratoria, un juez ordenó su deportación controlada.