Ciudad de México. En la madrugada de este martes quedó instalado el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), tras la elección de sus primeros integrantes por los tres poderes del Estado: José Alberto Gallegos Ramírez, Lorena Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández, Surit Berenice Romero y Néstor Vargas Solano. Con este acto se declaró extinto el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La instalación se realizó a destiempo, pues el artículo Sexto Transitorio de la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024 dispuso que el OAJ iniciara funciones al momento en que tomaran protesta los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, lo cual ocurrió ayer a las 23 horas en el Senado de la República.

Al filo de la medianoche, la Corte eligió a Gallegos Ramírez, Pérez Romo y Ramírez Hernández; horas antes, el Senado designó a Romero; y días atrás, el Ejecutivo nombró a Vargas Solano.

Fuentes del alto tribunal señalaron a La Jornada que esta primera votación generó el primer desacuerdo entre los nuevos ministros, ya que Lenia Batres Guadarrama objetó que la elección se realizara en sesión privada. Aun así, eligieron por unanimidad a los tres integrantes del OAJ.

José Alberto Gallegos Ramírez, es extitular de la Unidad de Administración y Finanzas en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado; Néstor Vargas, exdirector jurídico de SEGOB; Berenice Romero, magistrada del TFJA; Lorena Josefina Pérez Romo, magistrada penal; y Catalina Ramírez Hernández, es abogada con especialización en defensa de los pueblos indígenas.

El OAJ será la máxima autoridad administrativa del Poder Judicial de la Federación en sustitución del CJF. Tendrá a su cargo la carrera judicial, la organización territorial y por materias de tribunales y juzgados, la elaboración y vigilancia del presupuesto —con la prohibición de crear fideicomisos no previstos en la ley—, la reasignación de adscripciones, el cambio de sedes judiciales y la expedición de acuerdos generales.

También deberá garantizar la seguridad de juezas y jueces en casos relacionados con delincuencia organizada y tendrá la facultad de concentrar asuntos vinculados con violaciones graves de derechos humanos cuando lo requiera la Suprema Corte. Además, estará al frente de la Escuela Nacional de Formación Judicial y del Instituto Federal de Defensoría Pública. Sus integrantes durarán seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y la presidencia será rotatoria cada dos años.