Hermosillo, Son. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que en audiencia inicial un juez de control formuló imputación en contra del ex secretario de Educación José Víctor Guerrero González y otro ex servidor público identificado como Francisco Alberto N -quienes formaron parte de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich (2015-2021)- por su probable responsabilidad en los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal.
Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora presentó datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso; sin embargo, la defensa de los imputados pidió la ampliación del término constitucional a 144 horas. Será al concluir este plazo cuando los tribunales determinen la situación jurídica de ambos.
“Se formuló imputación en contra de José Victor "N" y Francisco Alberto "N", ex servidores públicos, debido a su probable responsabilidad por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal”, comunicó la Fiscalía de Sonora.
Detalló que el juez de Control impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, con el fin de garantizar la presencia de los señalados en las próximas audiencias.
Según el Registro Nacional de Detenciones, el arresto de José Víctor Guerrero González se realizó la madrugada del jueves en un domicilio del fraccionamiento Las Plazas, de Hermosillo. El operativo, encabezado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), fue efectuado en cumplimiento a una orden de cateo otorgada por la jueza oral de lo penal del Distrito Judicial Uno.
Posteriormente, el ex funcionario fue trasladado al Centro de Reinserción Social número uno de Hermosillo, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el periodo en que Guerrero González encabezó la Secretaría de Educación y Cultura (2018-2021) se detectaron 90 irregularidades graves en el manejo de fondos educativos, con un presunto daño patrimonial por 2 mil 400 millones de pesos.
