Ciudad de México. Luis Ángel Reyes Jiménez, autor del feminicidio de la joven universitaria Verónica Guadalupe Benítez Vega, cometido el 6 de julio de 2017 en el Estado de México, interpuso un amparo en contra de la resolución de segunda instancia, emitida en mayo de 2019, que lo condena a 62 años y seis meses de prisión por este delito, informó este lunes Víctor Rogelio Caballero Sierra, abogado del colectivo Aequus.

En conferencia de prensa, Caballero Sierra detalló que la familia de Guadalupe, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, apenas fue notificada el pasado día 14 de este nuevo recurso por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, por lo que “nos lleva a dar inició a una etapa de la lucha por la verdad y la justicia en el caso”.

Sobre el amparo, resaltó, que la sala informó que el expediente sería remitido en estos días al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en Toluca, para dar continuidad con los trámites correspondientes, “es decir, que le tocara a uno de los cuatro Tribunales Colegiados Federales en Materia Penal que existen en el Estado de México, resolver el caso”.

A seis años de haberse emitido esta sentencia, el abogado explicó: “consideramos pertinente resaltar que si bien la Ley de Amparo, otorga a los sentenciados el plazo de hasta ocho años para interponer una demanda de amparo directo en contra de una sentencia condenatoria, es evidente que la decisión del feminicida de hacerlo hasta este momento si nos genera muchísima suspicacia”.

Principalmente, agregó, es porque “nunca hemos confiado del todo en los poderes judiciales, ahora vemos mucho más compleja la situación, dado que a la difícil situación que implica la corrupción”. A esto, sumó que ahora existe un “ingrediente político en un poder judicial cooptado por el régimen”, un terreno donde -señaló- la organización está lista para combatir.

Caballero destacó que los argumentos de Reyes Jiménez en su amparo son infundados porque pretende hacer valer violaciones a sus derechos humanos en aspectos procesales que debió impugnar en su momento, y de haberlo hecho tampoco se aplicarían.

Apiuntó que han pasado más de seis años desde que se dictó esta sentencia y a la fecha las autoridades mexiquenses del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de Víctimas no han incorporado a la familia de Guadalupe, especialmente a su hijo, en el Registro Estatal de Víctimas, con la finalidad de tener acceso a las medidas de reparación contenidas en la ley.