Lamentablemente, el desprecio por la ley y el empeño en hacer del servicio público un medio para el enriquecimiento personal no son exclusivos del INE. A principios de mes, este diario informó que todos los integrantes del pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) violan flagrantemente la Ley de Austeridad, tanto federal como local, al ganar más del doble que la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, quien recibe 83 mil 14 pesos netos.

En el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), los consejeros también pisotean la Constitución, aunque la consejera presidenta Patricia Avendaño “sólo” se asigna 10 mil pesos más que Brugada, mientras sus compañeros Erika Estrada, Melisa Guerra, María de los Ángeles Gil, Cecilia Hernández y Ernesto Ramos no tienen empacho en cobrar 62 mil pesos por encima de lo debido, 145 mil en total. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que debería ser principal bastión del respeto a la Carta Magna, continúa la deriva autoritaria a la que se ha entregado desde el nombramiento de Norma Lucía Piña Hernández como titular del Poder Judicial. Esta semana, los ministros que concluirán funciones el próximo 31 de agosto validaron un anteproyecto de presupuesto para 2026 que perpetúa los salarios anticonstitucionales de los altos funcionarios, pide 65 mil pesos para alimentos de togados que ya se embolsan casi 4 millones de pesos al año y contempla un aumento por más del doble de la inflación.

Por una parte, el panorama descrito corrobora la imperiosa necesidad de una reforma integral en materia electoral que ponga punto final al ofensivo dispendio en la organización, realización y calificación de las elecciones, pues a estas alturas resulta inadmisible el pretexto de que una democracia de calidad requiere un flujo interminable de dinero. Por el contrario, la experiencia ha demostrado que el excesivo financiamiento –tanto a la autoridad electoral como a los partidos políticos– corrompe el espíritu cívico y degrada el intercambio de ideas, la deliberación, el debate y la reflexión a un mero espectáculo de mercadotecnia.

Por otro lado, constituye un recordatorio acerca de la futilidad de contar con el mejor marco jurídico si no hay, al mismo tiempo, un auténtico cambio en la conciencia de la ciudadanía; en particular, entre quienes conforman o aspiran a conformar las instituciones del Estado. Consejeros electorales, magistrados y ministros proveen una demostración de que las leyes poco pueden lograr cuando los encargados de aplicarlas y garantizar su vigencia carecen de vocación para el servicio público y de la sensibilidad social necesaria para ejercer sus funciones.