Hermosillo, Son. Habitantes de la comunidad indígena de Bayajorit se presentaron en las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para exigir la continuación del camino artesanal que forma parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yoreme Mayo. El grupo de hombres y mujeres, encabezado por Cesáreo Sombra, integrante del Comité Comunitario, denunció que desde hace tres meses un reducido grupo mantiene tomadas las oficinas del instituto con el objetivo de frenar la obra, sin contar con el aval de la asamblea. “Estamos presentes para desmentir a los que vienen diciendo que la comunidad no quiere la obra, eso es mentira”, expresó Sombra, quien destacó que el proyecto genera empleo y sustento a decenas de familias.

Los pobladores señalaron que el camino, de seis metros de ancho, con rodadas de concreto hidráulico y empedrado, es fundamental para garantizar la comunicación de Bayajorit, especialmente en temporada de lluvias, cuando las comunidades quedan aisladas. 

Carmen Neyoy subrayó que detener la obra sería un retroceso en su calidad de vida: “¿Por qué unos cuantos nomás van a parar el trabajo?, si la mayoría estamos de acuerdo. Estamos agradecidos con el Gobierno Federal que nos mande estas obras”. El proyecto, insistieron, es una decisión colectiva y no responde a intereses individuales.

La exigencia de Bayajorit se suma a la de otros pueblos yoreme mayos que reclaman la construcción de caminos, como el tramo de El Jupare a Etchojoa y el de Choropo a Huatabampo. La gobernadora tradicional Mayo, María del Rosario Avilés, recordó que estas obras no solo son de carácter funcional, sino también espiritual, ya que por esos senderos transitan las peregrinaciones religiosas de la Santísima Trinidad, parte central de la cosmovisión Yoreme Mayo. “Nuestro llamado es a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que visite la comunidad Yoreme Mayo y se atiendan las promesas del plan de justicia”, declaró la gobernadora tradicional. 

La comunidad indígena Yoreme Mayo está conformada por ocho pueblos o asentados en el sur de Sonora, cuya población se distribuye principalmente en municipios como Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y Álamos. A lo largo de la historia, han mantenido su lengua, el cahita, así como una organización política basada en gobernadores tradicionales que representan la voz comunitaria. No obstante, en los últimos años se han agudizado las divisiones internas, ya que además del gobierno supremo de los ocho pueblos, se han formado consejos indígenas, lo que ha generado duplicidad de autoridades y tensiones en la toma de decisiones.

Estas fracturas han sido señaladas como uno de los principales obstáculos para avanzar en el Plan de Justicia Yoreme Mayo, impulsado por el gobierno federal desde 2021, que contempla infraestructura básica, vivienda, rescate cultural y acceso a tierras y agua. De acuerdo con líderes comunitarios, el INPI ha promovido reuniones mensuales en la Ciudad de México, pero las comunidades afirman que los avances han sido mínimos frente a las necesidades urgentes. “Queremos hechos, no promesas; tierras, agua, un distrito de riego. Los mayos estamos unidos y no vamos a dejar que las divisiones internas nos detengan”, enfatizó Avilés.

Los pueblos yoreme mayos insisten en que el Plan de Justicia debe avanzar con base en la voluntad colectiva, sin divisiones ni imposiciones. “Que venga INPI a los ocho pueblos mayos, que se dé el plan de justicia con realidades, con hechos”, sostuvieron.