Ciudad de México. El gobierno del presidente Donald Trump ha instrumentado una política migratoria “deshumanizante” durante sus primeros seis meses de mandato, dejando a unos 300 mil migrantes varados en México, en un “limbo legal y repetidos ciclos de violencia”, de acuerdo con un informe de la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF).

La expulsión y el retorno forzado de personas, detenciones “arbitrarias e ilegales”, restricciones de movilidad y redadas son algunas de las “medidas de disuasión” y “tácticas” que se han intensificado para reforzar el control sobre los flujos migratorios, alertó.

También se ha llevado a cabo el desmantelamiento de campamentos y reuniones públicas, el aumento de “obstáculos burocráticos” para los procedimientos de asilo y migración, además de la intensificación de las medidas de patrullaje y seguridad.

Al presentar este martes el estudio Rechazados. El devastador impacto humano de los cambios de la política migratoria en Estados Unidos, México y América Central, Henry Rodríguez, jefe de misión de MSF, apuntó que estas medidas restrictivas han sido replicadas por gobiernos de la región, ya sea por “simpatía, influencia o presión” por parte de Estados Unidos, lo que ha implicado un cambio “devastador” y la “criminalización de “todos los migrantes” y solicitantes de asilo.

Tras el cierre de la aplicación CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos, el pasado 20 de enero, 30 mil personas que tenían cita y otras 270 mil que intentaban registrarse, se quedaron sin alternativas, “atrapándolos en un ciclo de violencia física, emocional e institucional”, señaló Franking Frías, subdirector de operaciones de MSF en México y Centroamérica.

Agregó que mediante una “combinación de políticas económicas, junto con presión política” Estados Unidos “está externalizando cada vez más sus responsabilidades de control fronterizo” hacia México y América Central. Por ejemplo, indicó, la asignación de fondos a otros gobiernos para aplicar “controles migratorios dentro de sus propias fronteras”.

Al comentar algunos de los principales hallazgos del estudio –basado en una serie de entrevistas a decenas de pacientes de diferentes nacionalidades varados o en tránsito, en los recientes seis meses– Rodríguez detalló que entre enero de 2024 y mayo de 2025 los equipos de MSF atendió a casi 3 mil víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y brindaron 17 mil consultas individuales de salud mental a personas migrantes de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.

La mayoría de las atenciones fueron por “eventos violentos” como tortura, secuestro, extorsión, robo, trabajo forzoso y explotación sexual, esta última se ha extendido por falta de oportunidades.

Además, en 2024 se trataron a casi 4 mil 500 víctimas de diferentes niveles de violencia, incluidas 403 víctimas de tortura y malos tratos. También, se han brindado más de 90 mil consultas de salud primaria y 11 mil 850 de salud sexual y reproductiva.

En el caso de México, la política de contención se reforzó con operativos para dispersar a migrantes, particularmente en ciudades como Tapachula, donde los migrantes experimentan episodios de ansiedad y estrés porque no pueden o no quieren regresar a su país”, Lucía Samayoa, coordinadora de proyecto de MSF en esa ciudad.

Asimismo, los campamentos urbanos fueron desmantelados, empujando a las personas a rentar cuartos en zonas periféricas, a menudo controladas por el crimen organizado.

Frías señaló que a partir de febrero los países centroamericanos presenciaron un nuevo fenómeno llamado “afluencia inversa”, es decir que migrantes regresaron a destinos alternativos como Chile o Colombia a través de nuevas rutas más peligrosas.

Aunque algunos intentan establecerse temporalmente en otros países para ahorrar y reintentar el viaje.

Para ellos, apuntó, ya no es opción retornar por la la región de Darién, y “han optado por intentar llegar y cruzar a través del mar. “Desafortunadamente, ya se han registrado naufragios y se han registrado muertes”.

La organización MSF instó a los gobiernos a que renuncien a las tácticas de disuasión y abandono y, en su lugar, que garanticen el acceso al asilo, la atención médica y la protección a lo largo del corredor migratorio latinoamericano.