Hermosillo, Son. Con música, teatro, talleres, fotografía y un firme llamado a la justicia ambiental, los Comités de Cuenca del Río Sonora organizaron el Tercer Festival por la Vida y el Agua del Río Sonora en el Museo de Arte de Sonora (MUSAS), una plataforma de denuncia, memoria y organización para externar el hartazgo de las comunidades afectadas al cumplirse 11 años del derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto de 2014, que afectó la vida, salud y territorio de más de 22 mil personas.
En un ambiente familiar, las víctimas acompañadas por colectivos, activistas y organizaciones crearon dicho festival para conmemorar la tragedia y reiterar su exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En su intervención, María Filomena Bonilla Oliva, representante de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), destacó que la memoria y la lucha siguen vivas: “Esta actividad es para exigir la remediación de los daños en la salud, el agua, el aire, porque no se ha remediado nada. A 11 años, seguimos igual o peor, ya tenemos estudios que demuestran los efectos en las personas y el medio ambiente, y seguimos sin respuestas”.
Durante la jornada, los CCRS reafirmaron su exigencia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y demás instancias de derechos humanos para garantizar una reparación integral, colectiva e individual, bajo un enfoque de derechos humanos, sin imponer el requisito de nexo causal, debido a la continuidad del daño y la omisión del Estado en aplicar medidas de prevención y sanción.
Ahí en el Museo de Arte de Sonora, los colectivos denunciaron que la mina Buenavista del Cobre propiedad del consorcio minero de Grupo México, responsable del derrame, ha operado por más de 11 años sin un plan de manejo de residuos peligrosos, y sin presentar un Informe Preventivo para su nueva presa de jales, lo que representa un riesgo constante para las comunidades del norte de Sonora.
Externaron la impunidad con la que opera el magnate, Germán Larrea Mota Velasco, para la operación de la mina de cobre más grande del país; reclamaron que han sido las propias comunidades, a través de recursos legales, quienes han exigido la implementación de estas medidas, así como una distribución equitativa del agua en la región.
Por ello, los CCRS exigieron al gobierno de México implementar medidas especiales de protección a la niñez, cumplir con el monitoreo de agua en escuelas —como lo ordenó un juez federal— y garantizar máxima transparencia en la información ambiental relacionada con las actividades mineras en la región.
Además, reiteraron la necesidad de armonizar el marco legal que regula la minería en el país y homologar los estándares nacionales de calidad del aire, agua, suelo y salud humana a parámetros internacionales, para garantizar el derecho a un ambiente sano, a la vida y a la integridad.
Las actividades del festival incluyeron talleres de pintura, lectura y cómic, exposiciones fotográficas, venta artesanal, teatro de títeres, narraciones, charlas informativas y música en vivo. Se presentaron obras como ¿Quién se robó la lluvia? y el cuento El río que cuidaba a Sonora, así como la charla El cobre en el estado y la transformación energética, donde se reflexionó sobre el impacto ambiental de la minería.
