Oaxaca, Oax., Para el gobierno de Salomón Jara, la problemática que afecta a los habitantes del estado de Oaxaca, quienes están siendo desplazados, no es de importancia, aseguraron los participantes en el encuentro nacional contra la gentrificación realizado en el municipio de Santa María Atzompa, conurbado a la capital del estado.
Reprocharon, además, la persecución del mandatario morenista a quienes asistieron a ese evento, pues alegaron que se iniciaron seguimientos y presuntamente carpetas de investigación.
Mario Castillo, integrante del comité organizador del encuentro –que empezó el pasado 16 de julio y concluyó ayer–, indicó que acudieron más de 80 personas provenientes de 15 estados de México.
Señaló que en esta actividad se plantearon problemáticas ante el fenómeno que ha afectado en todas partes, principalmente en comunidades indígenas, cuyos habitantes son desplazados por proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Explicó que en el primer encuentro no se trazó un plan para atender y enfrentar la gentrificación, pero fue un paso inicial para idear una metodología que permitirá frenarla y salvaguardar los derechos de las personas y comunidades.
Añadió que se busca construir una propuesta política y jurídica que permita regular las plataformas digitales y disminuir el encarecimiento de la vida a través de reformas sociales, con la intención de defender los derechos de las personas a tener una vivienda digna, que hoy son pisoteados con permisividad del gobierno, que, lejos de atender la problemática, la ignora.
Castillo acusó que en sus discursos el Estado mexicano ofrece vivienda, y asegura que el agua es un derecho, mas en la realidad esto no ocurre, pues, por ejemplo, la sociedad en general carece del líquido, mientras hoteles, empresas y demás secuestran el agua, secuestran la energía y para ellos no hay costos de reparación o uso, o si los hay, son mínimos.
Puntualizó que en ningún momento se ha tenido un discurso o pensamiento xenófobo, no se trata de una lucha contra extranjeros como las autoridades lo quieren hacer creer para denostar y criminalizar al movimiento social, pues si bien la gentrificación se da por el incremento de foráneos, esto no es culpa de ellos, sino de la falta de políticas públicas o leyes que permiten abusos a través del incremento de costos de vida.
Castillo lamentó que el gobierno de Jara criminalice al movimiento social y atente contra sus derechos, por creerlo violentos. Reconoció que hay rabia y enojo por parte de los afectados y las poblaciones, pero esto propicia un proceso político y organizativo que busca soluciones.
Recalcó que sólo se recurre al derecho a protestar, por lo que es lamentable que el gobierno morenista estatal lo criminalice, mientras familias que vivieron largo tiempo en una casa pagando 6 mil pesos mensuales, sean desalojados porque su renta subió a más de 30 mil pesos en un lapso menor a cinco años, lo que calificó de absurdo.
