La reducción de la matrícula en la UNAM (L. Hernández, La Jornada 17/07/25) tiene más aristas que sólo el dramático hecho de que, una vez más, decenas de miles son rechazados. Porque muchos solicitan también ingreso en otras instituciones (la mitad de estudiantes de primer ingreso con los que trabajo en la UAM esperaba quedar en la UNAM), pero el problema es integral.
El conjunto UNAM, UAM, Poli rechaza a cientos de miles que ahora quedan en espera de la próxima convocatoria u optan (no muchos) por una de las nuevas instituciones públicas emergente y baratas, o, la mayoría, va a una privada de bajo costo y muy regular reputación. Las estadísticas sugieren esto último, pues todavía hace 20 años sólo cerca de 10 por ciento de la matrícula superior era particular, y hoy se ha multiplicado por tres y con cerca de 35 por ciento, prácticamente supera a todas las universidades autónomas públicas del país. Es decir, que en los años recientes (los de la 4T), la privatización ha alcanzado niveles récord y sigue.
Y esto porque al gobierno federal no le interesan mucho las autónomas públicas y hasta se dice hoy desde el nivel más alto que “son caras” y, por eso, ya no se quieren más (como la Autónoma Pedagógica Nacional, la Autónoma Comunal de Oaxaca, que esperan serlo) y desde el pasado gobierno federal a las ya autónomas no se les otorgan aumentos reales de subsidio, sólo el monto de la inflación. Y sí, son caras, como todas las universidades que luego –acá en privado– las autoridades gubernamentales ponen de ejemplo de instituciones de calidad en grado de excelencia. En países, por cierto, donde las tasas impositivas son claramente más altas. Acá no, y se prefiere castigar a las universidades en lugar de acordar con la cúpulas empresariales que, por encima de ciertos montos de ganancias y de tamaño de la fortuna, se imponga un impuesto especial para la educación pública (y a ellos también esto les conviene).
Mientras tanto, como probable consecuencia de la restricción presupuestal, la matrícula en las universidades tiende a reducirse o, también, a estancarse. Lo que significa que, finalmente, quienes pagan este enanismo de voluntad presupuestal son, una vez más, las y los jóvenes. Son quienes en estos días en cada hogar se enfrentan a situaciones difíciles e incluso muy duras de presenciar, porque sencillamente el dinero no alcanza. Por eso hay que considerar una última alternativa de posible solución: la de actuar dentro y desde las propias instituciones.
En las autónomas no sólo hay gastos superfluos (un sector con muy altos ingresos y no pocos gastos prescindibles), sino un culto a la absoluta obediencia al orden establecido que rechaza y castra toda iniciativa de defensa de la institución. Cuando hace no mucho el gobierno capitalino se negaba a entregarle a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México los recursos federales que le correspondían, el Consejo Universitario, con el rector al frente, convocó a una marcha y, pronto, el gobierno llamó para contenerla prometiendo un arreglo. “Imposible”, contestó el rector, “todo está listo”. Ya en el Zócalo, lo llamaron a una junta entre pocos, y éste llegó acompañado de los integrantes del Consejo.
Y ya dentro, pese a las objeciones del entonces secretario de Hacienda local (y hoy federal) se entregó un compromiso escrito del gobierno para ya no retener en ese momento ni en adelante esos recursos. Con este ejemplo no proponemos salir a las calles… todavía. Antes, en las instituciones públicas –autónomas o no– debe abrirse la discusión sobre una unidad nacional de universidades que, a diferencia de la Anuies y de la Coordinación de Educación Superior, realmente convoque a las comunidades a defender y hacer crecer sus instituciones, cancelar las colegiaturas y pagos por inscripción, ver presupuesto, dar estabilidad a temporales y eliminar los exámenes de selección para repartir equitativamente los lugares disponibles.
Y convocar también a la impostergable tarea interna a las instituciones, de desconectar los dispositivos de control y obediencia que han traído una actitud de pasividad estructural entre los universitarios. Por ejemplo, muchos firmamos cartas o nos pronunciamos en las páginas de La Jornada contra el despido de Miguel Ángel Hinojosa, y ya hay reacciones desde el poder en la división de sociales.
Así, un texto mío sometido a dictamen en la revista Argumentos de la división de sociales, recibió desde hace meses constancia de aprobación firmada por el director. Sin embargo, hace unos días, se me entregó otra constancia, firmada por el mismo director, que dice que el texto no será publicado. Pregunté cuál sería el propósito de este hecho a una persona independiente y conocedora, y dijo una sola palabra: “castigar”. Entendí entonces que no era sólo yo el objetivo, porque en el siglo pasado, el castigo a uno, era una advertencia a todos los del salón.
*UAM-X
