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Solicitan que asunto Hernán Bermúdez sea investigado a fondo

En conferencia de prensa en la sede del PAN, el dirigente de ese partido señaló que la eventual indagatoria sobre la denuncia que involucra a Bermúdez Requena, pero también a López Hernández –quien designó al primero como jefe de la policía estatal en 2019, pese a saber que había sospechas de su pertenencia a La Barredora.
En conferencia de prensa en la sede del PAN, el dirigente de ese partido señaló que la eventual indagatoria sobre la denuncia que involucra a Bermúdez Requena, pero también a López Hernández –quien designó al primero como jefe de la policía estatal en 2019, pese a saber que había sospechas de su pertenencia a La Barredora. Foto Cuartoscuro / Archivo
16 de julio de 2025 15:05

Ciudad de México. Los presuntos vínculos del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena –hoy prófugo de la justicia—con el grupo criminal La Barredora, y la supuesta complicidad en ello del ex gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández son un hecho grave que debe ser investigado, aunque hay muy pocas probabilidades de que el actual gobierno indague ese tema, señaló la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

“Lo de Adán Augusto es lo que le sigue de grave. Queremos preguntarle a la presidenta Claudia Shienbaum si va a reaccionar como lo hace ante sus opositores”, contra los cuales se abre de inmediato una investigación cuando hay alguna denuncia, a diferencia de lo que pasa cuando la persona acusada es de Morena, se cuestionó el presidente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera.

En conferencia de prensa en la sede del PAN, el dirigente de ese partido señaló que la eventual indagatoria sobre la denuncia que involucra a Bermúdez Requena, pero también a López Hernández –quien designó al primero como jefe de la policía estatal en 2019, pese a saber que había sospechas de su pertenencia a La Barredora—“tiene que llegar hasta donde tiene que llegar”, aunque al mismo tiempo externó sus dudas sobre la posibilidad de que ello ocurra.

“Nosotros formalmente vamos a proponer una comisión especial de investigación, y ya sabemos cuál es la respuesta”, dijo Romero en forma sarcástica, al recordar que los partidos de mayoría se han negado a indagar en casos que involucran a políticos cercanos a ellos, como la casa de José Ramón López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, o el supuesto involucramiento de tres instituciones bancarias en operaciones de lavado de dinero.

En ese mismo tono, el ex titular de la alcaldía Benito Juárez recordó que el propio López Obrador dijo en una de sus conferencias matutinas en 2019 que no hay manera de que los presidentes de la República ignoren los casos de presuntas irregularidades o desvíos de dinero cometidos por servidores públicos.

Sobre el tema, el vocero del PAN, Jorge Triana recalcó que en el sexenio de López Obrador se designó como secretario de Gobernación “a un persona (López Hernández) que había sido investigada por vínculos criminales, por haber puesto en el cargo de secretario de Seguridad a un criminal que encabezaba una red delincuencial”, supuestamente creada desde el mismo gobierno de Tabasco.

Por lo anterior, consideró que en este tema “se tienen que presentar las denuncias respectivas”, al tiempo que consideró que Adán Augusto López “está jugando extra innings” como coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

“Se confirma que el gobierno espió a opositores”

En la misma conferencia de prensa, Romero Herrera dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación resolvió este mes que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tenía 15 días para destruir los datos de comunicaciones que había recabado del dirigente del blanquiazul y de otros panistas, pero que negaba tener.

El dirigente del PAN recordó que las fiscalías de la capital del país y de Colima habían abierto una indagatoria contra él y otros políticos de ese partido, en el marco de una acusación por secuestro, lo que les permitió solicitarle a compañías telefónicas y de telecomunicaciones que les dieran información de sus llamadas, así como datos de geolocalización.

Aunque las autoridades de Colima admitieron haber tenido acceso a esa información, las de la Ciudad de México lo negaron, aún con pruebas de la existencia de dicha intervención telefónica, lo cual fue refutado por el Poder Judicial, que obligó a la fiscalía capitalina a notificarle sobre la destrucción de los datos que supuestamente no tenía, explicó Romero.

“Eso aquí en China es el reconocimiento formal de que espiaron”, recalcó el panista, quien señaló que este caso es una prueba de que el actual gobierno, con diversas reformas legislativas recién aprobadas en el Congreso, buscan espiar a opositores, periodistas y ciudadanos.

Por lo anterior, anunciaron que en el próximo periodo ordinario de sesiones presentarán una iniciativa para que en diversas leyes modificadas en semanas recientes, como las de la Guardia Nacional o la de Telecomunicaciones, se establezcan límites y filtros para evitar actos de vigilancia ilegal por parte del gobierno.

Asimismo, indicaron que en la página web del PAN publicarán en los próximos días un formato predeterminado para que las personas interesadas en obtener un amparo contra actos de espionaje de las autoridades puedan recurrir a esa herramienta legal.

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