El colectivo Pena Sin Culpa exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que con su actual conformación discuta y resuelva el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre prisión preventiva oficiosa, resolución referente al caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, víctimas que representa la citada organización civil.
Indicó que el Estado mexicano no sólo no ha atendido la resolución de la Corte Interamericana, sino que “realizó reformas para ampliar los delitos de prisión preventiva oficiosa y limitar el control de convencionalidad y la aplicación del criterio” de la CoIDH.
En abril del 2023, dicho tribunal declaró al Estado mexicano responsable en la violación a diversos derechos por la detención arbitraria, privación de la libertad y la aplicación del arraigo, así como de la prisión preventiva oficiosa en contra de García Rodríguez y Alpízar Ortiz, quienes fueron acusados en 2002 de presunto asesinato.
En su sentencia ordenó adecuar el ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa y reiteró su pronunciamiento de dejar sin efecto las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre procesal, ya que ambas son contrarias a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
En un comunicado, el colectivo Pena Sin Culpa destacó la relevancia de lo resuelto por la CoIDH “en la vida de miles de personas inocentes, la mayoría de ellas pobres, que se encuentran privadas de la libertad sin que se haya razonado ante un juez, la necesidad de la medida de prisión preventiva”.
Señaló que “es evidente que trasladar el tema a la próxima integración de la Suprema Corte obedece a presiones o peticiones de otros poderes del Estado y no a falta de tiempo para el estudio”.
