Al continuar la persecución judicial (lawfare) contra la ex presidenta argentina, Cristina Fernández, un tribunal le exigió a ella y otros ocho condenados por corrupción a pagar en conjunto una suma equivalente a 535 millones de dólares.
La ex mandataria (2007-2015) fue condenada en junio a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su gobierno, en un proceso en el que no se presentaron pruebas. El fallo no especifica cuánto debe pagar cada uno.
La sentencia dictó que si en 10 días hábiles Fernández y los otros obligados a compensar no depositan el dinero en una cuenta del Banco de la Nación, la justicia procederá a decomisar y rematar sus bienes embargados.
Los fiscales identificaron supuestas cuentas bancarias, sociedades empresarias, inmuebles y campos de la ex mandataria y del resto de los condenados.
Todos ellos pueden apelar la decisión del tribunal hasta que la suma quede firme y pueden llegar hasta la Suprema Corte. Las defensas de los obligados consideran que el monto que deben depositar es mucho menor.
