Ciudad de México. La Red por una Política Fiscal Feminista (RPFF) señaló que el Anexo 13, Erogaciones para Mujeres y Hombres aún presenta retos importantes, tanto en su diseño como su instrumentación, para lograr una transformación de las causas estructurales de las brechas de desigualdad entre ambos géneros.

Al presentar los resultados de su investigación del diagnóstico sobre el presupuesto público para promover la igualdad sustantiva, la red apuntó que el anexo, pese a contar con 508 mil millones de pesos gubernamentales para este año, aún muestra desconexión entre la presupuestación y su efectividad para reducir las brechas de género.

Destacó que muestra de ello es que los programas que concentran el mayor presupuesto son también, paradójicamente, los que menos cumplen con criterios de igualdad.

Como ejemplo, resaltó que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que recibe casi la mitad del total del anexo, apenas alcanza una calificación de 23 por ciento en el Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva. En contraste, el programa mejor evaluado, Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, con una calificación de 76 por ciento, representa menos de 0.01 por ciento del presupuesto.

El análisis de la organización también reveló profundas deficiencias en el diseño institucional de los programas: solo uno de cada cuatro ha sido evaluado con perspectiva de género y menos de 30 por ciento brinda apoyos diferenciados para mujeres. Esta falta de evaluación limita la posibilidad de mejorar las políticas públicas y medir su impacto real.

“Además, el enfoque interseccional sigue siendo una deuda pendiente. Aunque más de la mitad de los programas reconocen otras desigualdades, apenas tres de cada diez identifican la importancia de la coordinación interinstitucional, lo que fragmenta los esfuerzos y reduce su eficacia”, comentó.

En términos de orientación a resultados, la RPFF señaló que la situación es crítica, solo 12.2 por ciento de los programas incluye indicadores estratégicos de igualdad de género, y únicamente 15.4 por ciento identifica los obstáculos específicos que enfrentan las mujeres. Esto evidencia que las políticas públicas no están diseñadas para transformar las desigualdades estructurales.

La transparencia también es limitada, indicó que si bien todos los programas publican información presupuestaria, solo 31.5 por ciento reporta datos desagregados por sexo, y apenas el 22.1 por ciento ha sido auditado en los últimos cinco años. “A ello se suma la ausencia de una metodología pública que explique cómo se decide qué programas forman parte del Anexo 13”, definió.

Finalmente, aseguró que aunque 87 por ciento de los programas presenta cierta alineación con estrategias nacionales, su sostenibilidad es frágil. Menos de la mitad ejecuta al menos la mitad de su presupuesto en los primeros seis meses del año, y solo 44.4 por ciento está vinculado al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

“Los resultados demuestran que, en México, el presupuesto para la igualdad sustantiva aún no está cumpliendo con su objetivo. Por ello, es urgente revisar la manera en que se diseñan, evalúan y ejecutan los programas públicos, y avanzar hacia una política fiscal verdaderamente feminista que garantice justicia y equidad para todas las personas”, remarcó.