Santiago. El presidente chileno Gabriel Boric, reconoció la gravedad y la alarma institucional que representa la detección de dos casos, en menos de dos semanas, de penetración del crimen organizado en las fuerzas armadas y que miembros de estas sean partícipes de redes del narcotráfico, utilizando medios y logística castrense. 

"Acá tenemos un caso tremendamente grave en donde funcionarios de la fuerza aérea, antes del ejército, están involucrados en casos no de consumo de drogas, sino de tráfico de drogas y nosotros no vamos a permitir que el narcotráfico permee nuestras instituciones armadas ni otras", afirmó.

También advirtió que "no solamente las instituciones armadas pueden ser blancos del narcotráfico, sino también otras como el poder político, el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, las municipalidades. Tenemos que ser muy cuidadosos respecto a esto".

Las alarmas saltaron la semana pasada, cuando siete suboficiales del ejército y un civil, fueron detenidos por la policía y formalizados judicialmente por integrar una mafia dedicada a trasegar centenares de kilos de cocaína desde la frontera con Bolivia hasta la capital chilena, en operativos de traslado por casi 2 mil kilómetros de carretera.

La fiscalía regional de Tarapacá, a cargo de la investigación, reveló que el grupo está activo a lo menos desde octubre de 2024 y que se han acreditado hasta 17 envíos de droga.

Cuando las autoridades no terminaban de reaccionar a aquello, anteayer, la Fuerza Aérea (FACH) hizo público el arresto de cinco uniformados, confabulados en introducir una maleta cargada con ketamina en un Boeing 737 institucional, que se preparaba a despegar desde Iquique hacia Santiago. La detección ocurrió no por un control institucional o procedimiento policiaco, sino porque un mecánico en la losa del aeropuerto se percató, y dio aviso, que el equipaje fue subido sin pasar por inspección.

Ayer jueves se daba cuenta del hallazgo de “ovoides” con cocaína en una unidad militar en la localidad de Colchane, fronteriza con Bolivia, y la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunciaba que la Policía de Investigaciones hará registros en diversas guarniciones militares en todo el norte del país. 

El miércoles, en una ceremonia de juramentación militar a la que concurrió Boric, el comandante en jefe del ejército, general Javier Iturriaga, calificó como una “traición mayor con la patria y con sus camaradas de armas”, que un militar viole la ley o los códigos de conducta castrenses.

A todo lo anterior se suma que, en mayo, un juzgado decretó la prisión preventiva de 14 funcionarios de Carabineros imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos reiterados de cohecho y asociación criminal, vinculados al tráfico de migrantes, cobrando montos de dinero para evitar procedimientos, detenciones e incautaciones, a la vez que delataban la existencia de controles policiacos.