León, Gto. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) observó que en la renta de vehículos por un monto de 43 millones 248 mil pesos, la administración estatal (2018-2024) no aplicó penas y descuentos por servicios no devengados. Además, no acreditó la recepción de vehículos que sustituyeron a unidades en reparación.

En el informe de resultados a la cuenta pública de 2023 del Poder Ejecutivo, el ente fiscalizador del Congreso de Guanajuato realizó 47 observaciones a gastos cuantificables por 56 millones 967 mil 685 pesos, realizados en la administración del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El monto incluye el impacto total de las irregularidades detectadas, integrado por errores y omisiones de la información financiera, más el importe observado y el descuento de las cantidades aclaradas.

Los 43 millones por el arrendamiento a GTO Leasing Services no están incluidos en el monto de los gastos cuantificables. 

GTO Leasing Services es una empresa que creó Diego Sinhue Rodríguez con fondos de las pensiones que administra el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).

La iniciativa privada tenía el 50.5 por ciento de las acciones de la arrendadora de carros y el ISSEG el 49.5 por ciento.

La gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, determinó cerrar a GTO Leasing Services con el argumento de que generaba pocas ganancias, pero aseguró que no hubo daños al erario.

GTO Leasing

En la revisión a la cuenta pública de 2023, la ASEG señaló que para el arrendamiento de carros se usaron 8 millones 186 mil 51 pesos estatales y 35 millones 062 mil pesos de dinero federal no etiquetado.

“La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración no acreditó la recepción de unidades en sustitución por los vehículos cuyo tiempo en el taller mecánico o agencia rebasaron las 72 horas (3 días), ya sea por servicios de mantenimiento o por siniestros presentados en las unidades”, señala la observación número 006 de la ASEG.

Los contratos de prestación de servicios 8900003789 y 8800001103, firmados el 24 de agosto de 2021 y el 17 de julio de 2023, estipulan que, si el tiempo del mantenimiento de los carros es mayor a 72 horas y menor o igual a 21 días, deberá entregar un vehículo similar en condiciones óptimas de uso.

“Si excede de los 21 días, deberán entregar en sustitución un vehículo con las especificaciones contratadas para la prestación del servicio”, señalan los contratos.

La auditoría superior local también observó que el gobierno del estado “no acreditó la totalidad de la aplicación de penas convencionales y del descuento por servicios no devengados, por unidades que ingresaron a servicios de mantenimiento preventivo o correctivo”.

El proveedor estaba obligado a pagar como pena convencional la cantidad que resulte de aplicar un 2 por ciento semanal o fracción de semana sobre el valor de los servicios no prestados en el plazo de entrega pactado.

Renta de aulas móviles

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no acreditó que la renta de 23 aulas móviles por 9 millones 461 mil pesos “cumpliera con la totalidad de las características y especificaciones técnicas solicitadas en pedidos”.

Las aulas fueron asignadas a los municipios de León, Silao, San Miguel de Allende, Irapuato y Celaya.

“De las inspecciones realizadas a las aulas, se identificó que se encontraban físicamente y estaban destinadas para los fines para los cuales fueron arrendadas; sin embargo, las mismas no cumplían con la totalidad de las características y especificaciones técnicas solicitadas”, determinó la ASEG.

La Secretaría de Seguridad Pública, en ese momento a cargo de Alvar Cabeza de Vaca, pagó 39 millones 940 mil 864 pesos por el “Proyecto de Análisis Predictivo e Inteligencia de Datos con Integración a las Plataformas de Información y Comunicaciones del C5i Estatal de Guanajuato”.

“La Secretaría de Seguridad Pública registró contablemente un anticipo en una cuenta de gasto y no en una cuenta del género de activo como un derecho a recibir un bien o servicio conforme a la normativa contable aplicable”, cuestionó la auditoría.

Agrega que el pago de un anticipo, del 25 por ciento, se realizó el 14 de diciembre de 2023, pero no se acreditó la recepción de conformidad de servicios contratados durante el ejercicio fiscal 2023.