Ciudad de México. Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que toca a la sociedad civil "ir impugnando en tiempo y con la fuerza necesaria para que estos vicios de la elección judicial no se repitan" en 2027.
Durante la inauguración de los “Diálogos con la Defensoría Electoral” hizo referencia a la “discriminación” en este proceso de grupos vulnerables - por ejemplo, invidentes- así como de las personas en prisión preventiva y mexicanos en el exterior, quienes tampoco pudieron votar.
Señaló que si bien presidirá la Suprema Corte una persona indígena, “es una entre 800 y pico” de cargos disputados el pasado 1 de junio.
“Y ahí hay que decirlo, la justicia electoral fracasó para crear una elección judicial que fuese realmente inclusiva y, por ende, un poder judicial incluyente de absolutamente todos los grupos sociales”.
Hacia el futuro, la magistrada mencionó que dentro de dos años no solo se renovará la Cámara de Diputados sino 19 gubernaturas, más ayuntamientos y congresos locales, por lo que sería un “proceso excesivamente complejo” sumar el mismo día las boletas de la elección de personas juzgadoras.
En ese contexto señaló que hay distintos elementos a evaluar de cara al siguiente proceso, y asegurar que no se quede fuera nadie, por ejemplo las personas en prisión preventiva, de cuya votación el INE ya tiene experiencia y su incorporación sería un asunto viable.
También garantizar – desde las etapas iniciales, en los comités de evaluación- acciones afirmativas, particularmente en favor de la diversidad de género, y en general para todos los grupos en situación de vulnerabilidad, para que se proteja su derecho de votar y ser votados.
Recordó que distintos grupos se quedaron fuera por falta de tiempo y recursos otorgados al INE, órgano que pese a ello hizo un esfuerzo para cumplir con la encomienda.
“La democracia no se agota en las urnas, tampoco se agota con la emisión del voto. Su solidez, justamente, se mide por la capacidad de garantizar que todas las personas sin distinción alguna puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales”, dijo Otálora.
Aseveró que una elección no puede considerarse totalmente libre si no existen condiciones equitativas para competir, ni tribunales imparciales que garanticen el respeto al sufragio. Tampoco podemos hablar de democracia real – añadió- si los mecanismos para hacer valer derechos son inaccesibles o desconocidos para la mayoría.
