La iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia pretende consolidar una estructura que permita enfrentar con mejores herramientas a la delincuencia organizada y coadyuve con la Fiscalía General de la República (FGR) en las indagatorias para tener mayores elementos y pruebas para judicializar los casos relacionados con estas agrupaciones, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aseveró que es la fiscalía la que tiene las facultades para la persecución del delito, pero estamos fortaleciendo la inteligencia e investigación para la seguridad pública. Se le da al Centro Nacional de Inteligencia las capacidades para coordinar labores de inteligencia e investigación para la seguridad pública, que es lo que nos importa más. Con una mayor colaboración entre las corporaciones de seguridad y la FGR se reforzarán las capacidades para la obtención de pruebas que sean validadas por los jueces.
Destacó que el objetivo es reducir la impunidad y que el Estado mexicano tenga una estructura para detener a los presuntos delincuentes y sea el juez quien determine su culpabilidad. Además, esto ampliará las estrategias preventivas y, en su caso, también le permitirá responder con mayores elementos a las denuncias relacionadas con la desaparición de personas, porque se podrá reportar de inmediato cuando se denuncie un caso, sobre el cual tendrán conocimientos las instituciones de los tres niveles de gobierno.
Durante la presentación de las iniciativas de ley en materia de seguridad enviadas al Congreso, la Presidenta descalificó a sus críticos, quienes han centrado sus cuestionamientos en la propuesta de Ley para la Guardia Nacional, específicamente en una disposición que permite a los integrantes de esta corporación solicitar permiso si desean postularse a un cargo de elección popular. Este artículo simplemente replica lo establecido en la Ley Orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual deriva de la Constitución de 1917 y permite a los militares contender en comicios.
En su oportunidad, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, explicó las modificaciones a la ley general que rige este sistema, pues la última se efectuó en 2009, por lo que ya está rebasada. La reforma actualiza la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estableciendo con claridad la distribución de competencias entre las instituciones, diferenciando sus responsabilidades en los ámbitos federal, local y municipal, a través de un esquema concurrente que permite una actuación coordinada y eficaz.
Figueroa argumentó que esta ley otorga sustento jurídico al gabinete federal de seguridad pública, dándole obligatoriedad y posibilitando que su modelo sea replicado en las entidades federativas mediante las mesas de paz, lo que fortalece la toma de decisiones conjuntas y la actuación territorial.
Explicó que con la reforma se definen objetivos mínimos institucionales para el desarrollo de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios. Se crea una política nacional de acreditación y certificación, que no sólo evaluará a los integrantes de las instituciones, sino también a dichas instituciones, estableciendo estándares de calidad, confianza y profesionalismo.
Además, esta reforma impulsa la creación de la academia nacional de seguridad pública, institución educativa que se encargará de formar a los mejores profesionales en inteligencia e investigación.
