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A dos años de la ejecución de cinco civiles por el Ejército en Tamaulipas, familiares exigen justicia

El 18 de mayo de 2023, Edgar Chavarría Rico Clinton, Alex Blucha Pérez, José Ángel Moreno Pool, Jorge Antonio Colector y José Isabel Rivera Vega fueron arrestados, torturados y asesinados por militares. Foto
El 18 de mayo de 2023, Edgar Chavarría Rico Clinton, Alex Blucha Pérez, José Ángel Moreno Pool, Jorge Antonio Colector y José Isabel Rivera Vega fueron arrestados, torturados y asesinados por militares. Foto tomada del video
18 de junio de 2025 23:44

A dos años de la ejecución extrajudicial de cinco civiles a manos de elementos de Operaciones Especiales del Ejército Mexicano, las familias de las víctimas y defensores de derechos humanos continúan exigiendo justicia y denunciando la impunidad del caso.

El 18 de mayo de 2023, Edgar Chavarría Rico Clinton, Alex Blucha Pérez, José Ángel Moreno Pool, Jorge Antonio Colector y José Isabel Rivera Vega fueron arrestados, torturados y asesinados por militares en la Prolongación Monterrey, junto a la tienda Smart Zapata. Un video difundido por Univisión confirmó que no hubo enfrentamiento, sino una ejecución extrajudicial.

“El Ejército detuvo, torturó y ejecutó a cinco jóvenes en una de las masacres más graves del país, y aún no hay justicia”, declaró Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Aunque 16 militares fueron detenidos, sólo siete enfrentan cargos de homicidio calificado y algunos ya han sido liberados.

El abogado Edgar Netro Acuña, representante de las familias, criticó que el caso permanezca estancado sin tribunal de enjuiciamiento en Nuevo Laredo, y llamó a la Suprema Corte a intervenir. “El acceso a la justicia está siendo negado deliberadamente”, afirmó.

Inés Vega Romero, madre de una de las víctimas, exigió justicia frente al lugar de la masacre. “Señora Presidenta, usted como madre debe entender. Le arrebataron la vida a mi hijo”, clamó entre lágrimas. En el mismo acto, esposas y madres de los jóvenes reiteraron que el gobierno federal protege a los implicados y oculta la verdad.

Este caso ha evidenciado graves fallas en el sistema judicial militar y civil, con una constante dilación procesal y sin sentencias firmes. Las familias demandan que los responsables sean juzgados en tribunales civiles, sin privilegios ni encubrimiento, para que la impunidad no siga siendo la norma.


 

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