Ciudad de México. Acompañada por representantes de organizaciones sociales y legisladoras, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, del Senado, Malú Mícher, consideró un gran retroceso legislativo que el Congreso de Guanajuato no aprobara la semana pasada la iniciativa para despenalizar el aborto en esa entidad y anunció que seguirán explorando las vías jurídicas, incluso ante instancias internacionales.

Recordó que tras un empate histórico de 18 votos a favor y 18 en contra, se tuvo que repetir el procedimiento, pero en en una segunda votación, el pasado día 5, una diputada local del PVEM cambió el sentido de su sufragio y dio al PAN y PRI el punto necesario para echar abajo por 19 a 17 las las modificaciones al Código Penal, la Ley de Salud y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sobre el sorpresivo voto en contra de despenalizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de la diputada local verde, Luz Iztel Mendo, sólo comentó que “lo que no suena lógico, suena metálico”.

La senadora de Morena expuso asimismo que las panistas, priístas y del PVEM que votaron en contra argumentaron autonomía, pero ésta no puede usarse para criminalizar a las mujeres y prohibir sus derechos sexuales y reproductivos”.

La senadora Mícher recalcó que más 500 mujeres guanajuatenses han tenido que viajar a la Ciudad de México para ejercer su derecho a interrumpir legalmente un embarazo, lo que constituye un agravio y una discriminación por origen geográfico, pero “no vamos a bajar los brazos. Las mujeres guanajuatenses no están solas”

Por su parte, Maribel Luna, de Católicas por el Derecho a Decidir, denunció la intromisión directa de ministros de culto que influyeron en el voto de legisladores, lo cual calificó como una “clara violación al principio de laicidad”.

Ello vulnera y compromete la autonomía del Congreso de Guanajuato, que debe legislar con base en el interés público y los derechos humanos, no en mandatos religiosos”, recalcó.

A su vez, Francisco Cué, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lamentó que Guanajuato perdiera la oportunidad de convertirse en el estado número 24 en despenalizar el aborto. Aclaró que, aunque esa organización obtuvo un amparo que permite a las mujeres solicitar la interrupción del embarazo en instituciones de salud estatales, “no es una solución ideal” y urgió una reforma legislativa integral.

“La criminalización absoluta del aborto es una violación grave a los derechos humanos de las personas”, sostuvo Cué, y recordó que los servicios de salud de Guanajuato están obligados por mandato judicial a brindar estos servicios “de forma digna y segura”.

Karla Michelle Salas, representante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, consideró que la decisión del Congreso de Guanajuato representa violencia institucional y discriminación y anunció acciones s legales no sólo a nivel nacional, sino internacional.

Entre ellas la promoción de una alerta de violencia de género por agravio comparado. “Decidir no es un delito. Vivir libres, dignas y sin miedo sigue siendo nuestra exigencia”, concluyó Salas.

En la conferencia participó asimismo la presidenta de la Comisión Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Anaís Burgos y otras legisladoras, quienes se comprometieron a seguir respaldando la lucha colectiva de las mujeres guanajuatenses.