Hermosillo, Sonora. A casi 11 años del derrame de sulfato de cobre acidulado que contaminó el Río Sonora, comunidades afectadas insisten en que no hay justicia, ni acciones efectivas para reparar los daños causados por Grupo México. Integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) se reunieron con autoridades federales y estatales en Hermosillo, con el objetivo de evaluar los avances en la remediación del desastre ambiental más grave en la historia minera del país.

La reunión fue encabezada por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y contó con la presencia de Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) e IMSS-Bienestar. Sin embargo, las comunidades calificaron como insuficientes y repetitivas las propuestas presentadas por las instituciones.

“No hay presupuesto asignado, ni responsables claros, ni fechas de cumplimiento”, denunciaron los CCRS en un comunicado posterior. La demanda principal de las comunidades es un plan de remediación transexenal, interinstitucional y con sustento legal, que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y cuente con mecanismos de supervisión y participación directa de las víctimas.

En la reunión, también se evidenció la ausencia del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), organismos clave que habían elaborado dictámenes técnicos fundamentales para atender la crisis ambiental. Las comunidades exigieron su reincorporación al proceso.

Uno de los reclamos más contundentes fue la falta de una estrategia legal concreta para obligar a Grupo México a cumplir las sentencias vigentes, como la del Amparo en Revisión 640/2019, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho a la reparación ambiental tras la extinción ilegal del Fideicomiso Río Sonora. Los CCRS advirtieron que negociar con la empresa, sin medidas coercitivas, ignora una década de tácticas dilatorias y el desdén hacia las resoluciones judiciales.

A la par de estas exigencias, se denunció la suspensión unilateral, por parte de IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, de las acciones médicas iniciadas en 2023 para atender a personas con altos niveles de metales pesados en sangre y orina. Los expedientes elaborados por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) no han tenido continuidad, mientras persiste el deterioro de la salud en la región.

Los CCRS reiteraron que continuarán en el proceso, con la convicción de lograr una reparación integral de la cuenca del Río Sonora. Anunciaron que en los próximos días emitirán una respuesta formal a las propuestas recibidas, la cual será enviada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y difundida públicamente.

“Llevamos casi 11 años exigiendo memoria, justicia y garantías de no repetición. La justicia ambiental no puede seguir postergándose”, concluyeron los comités conformados por afectados del Río Sonora.