El contrabando de combustibles –un problema que se dejó crecer–, está siendo combatido por las autoridades de México y Estados Unidos con fuertes acciones y van por buen camino, reconoció Carlos García, director general de Valero en el país.

Al participar en un panel de la conferencia anual del Council of the Americas (COA), el también dirigente de American Chamber (Amcham) consideró que esta problemática la han dejado crecer, al grado que se estima que hasta 40 por ciento de las gasolinas y diésel que se comercializan en territorio nacional son ilícitos.

Estoy muy entusiasmado con los esfuerzos que está llevando a cabo el gobierno mexicano en colaboración con el gobierno estadunidense. Se están tomando acciones muy fuertes también en Estados Unidos, señaló el directivo, aunque incómodo con la pregunta que le formularon en el foro.

Van por buen camino y de hecho, si uno ve el impacto en el erario es brutal, agregó García. En abril pasado, el Servicio de Administración Tributaria suspendió los permisos de importación de la firma trasnacional debido a posibles anomalías para introducir energéticos al país. No obstante, pocos días después se aclaró la situación, lo que permitió que recuperara sus credenciales en el flujo de importaciones.

García apuntó que el Plan México también servirá para evitar este tipo de ilícitos en el sector energético y a su vez la recaudación fiscal aumentará.

A principios de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que los cárteles de tráfico de droga en México han diversificado su actividad para obtener dinero a través del robo de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual es introducido ilegalmente al país vecino, en particular a Texas, donde empresarios estadunidenses están coludidos para recibir el energético, almacenarlo y luego venderlo de forma legal (https://shorturl.at/3VwVo), un esquema que fue considerado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como un sofisticado esquema de lavado de dinero.

Integración

Abraham Zamora, presidente de Sempra Infrastructure México, comentó que los países socios del T-MEC tienen los recursos para ser una potencia regional energética. Tenemos las mayores oportunidades de colaboración y de trabajar juntos, indicó.

Comentó que es necesario avanzar en la integración energética de los tres países. En ese sentido, recordó que 80 por ciento del gas natural que se utiliza en territorio nacional, principalmente para generar electricidad, se importa de Estados Unidos.

Añadió que México seguirá requiriendo por más tiempo el energético que proviene del país vecino, porque es competitivo en precio y ayuda a la seguridad energética de ambas naciones, pues Estados Unidos también importa electricidad generada en territorio mexicano.

Katya Somohano, directora general de Iberdrola México, comentó que la integración energética es una manera de blindar la seguridad energética. Apuntó que, desde esa perspectiva, la complementariedad se da también por la matriz energética que puede tener cada uno de los países. No obstante, consideró que aún hay una agenda pendiente de profundizar en materia de integración.

Por su parte, Gregory Romero, vicepresidente de Ductos de Gas Natural en México en TC Energy, comentó que la integración energética entre los tres países ya es un hecho, pues esta firma mantiene una red de ductos para transportar gas natural entre las tres naciones, pero también mencionó que hay líneas de transmisión de energía que unen a la región.

La infraestructura energética es fundamental, crea condiciones para el desarrollo económico y social y desbloquea inversiones adicionales, apuntó.

Somohano comentó que Iberdrola México ve con buenos ojos el Plan México, el cual propone una política energética que incorpora entre 6 mil y 9 mil megawatts, porque van a dar un importante aumento de la potencia a la plataforma de producción de energías renovables en el país.

No obstante, señaló que se requiere infraestructura, como la expansión de la red, reglas claras y una política pública que permita la inversión privada en el sector.

El estado no puede renunciar desde luego a la inversión pública en sectores claves como la infraestructura, pero tiene que sentar las bases para que la inversión privada pueda aterrizar de una manera segura, concluyó.