El pasado 17 de mayo en Baborigame, Guadalupe y Calvo,Chihuahua, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó dos decretos de restitución y reconocimiento de tierras como “Propiedad Comunal Tradicional”: 502 hectáreas a la comunidad ódami, de Mesa Colorada, y 317 hectáreas a la comunidad ralámuli, de Mogótavo. Los cuales se sumaron a la reunión anterior en Mogótavo en la que firmó dos decretos similares a favor de las comunidades de Guasachique y Bosques, de San Elías Repechique: mil 485 hectáreas y 693 hectáreas.

En su mensaje de bienvenida en lengua ódami, el capitán general de la comunidad de Baborigame, Carlos Rivas Herrera, reconoció el compromiso del gobierno de México con los pueblos indígenas de la Sierra Madre Occidental.

“Tener certeza jurídica de las tierras que habitamos ha sido un sueño que por generaciones hemos tenido, y la entrega de estos documentos el día de hoy nos deja claro que los pueblos indígenas estamos siendo vistos por el gobierno de México, y revive nuestras esperanzas de recuperar nuestras tierras de las que fuimos despojados”.

En efecto, es inobjetable el acento del gobierno federal en la restitución de tierras y reconocimiento como propiedad comunal. Siempre hace falta reconocer explícitamente la previa lucha jurídica de las comunidades para recuperar sus tierras y señalar si se trata de una ejecución de sentencia o bien si los decretos obedecen sólo a la voluntad presidencial.

El plan de justicia incluye acciones próximas en materia de educación, la creación de albergues, el acceso a los programas de bienestar que se aplican en todo el país y las carreteras artesanales, entre otras.

Además, están planteados futuros decretos de reconocimiento de tierras en la región.

Sin embargo, es importante colocar la mirada en la situación grave de violencia que se vive desde hace décadas en la sierra tarahumara y que no se mencionó siquiera la estrategia en materia de seguridad.

Sólo para ilustrar: en el conjunto de funcionarias y funcionarios que acompañaron a la Presidenta de la República no hubo representación del Ejército ni de la Guardia Nacional, y justamente dos días antes, la tarde noche del 15 de mayo, pobladores de Guachochi, Chihuahua, denunciaron tres enfrentamientos armados del crimen organizado, que incluyeron quema de vehículos y el hallazgo posterior de 342 casquillos percutidos de armas de grueso calibre, según reportó la Fiscalía General del estado.

Aunque no se reportaron muertos ni detenidos, las autoridades desplegaron un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. Otro de los graves impactos de la inseguridad imperante en la Sierra Tarahumara es el desplazamiento forzoso. En días recientes, comunidades que han sido obligadas a abandonar sus terrenos realizaron en la capital del estado una reunión en la que denunciaron que no se ha cumplido el Plan de Protección para garantizar asistencia humanitaria y detener el desplazamiento forzado, ni se ha avanzado en las condiciones para un retorno seguro.

La organización Alianza Sierra Madre ha reiterado que las causas del desplazamiento fueron la tala ilegal, la inseguridad, las amenazas y la violencia que persiste en la comunidad. Las Autoridades estatales y federales deben cumplir con el Plan de Protección. Defensoras ambientales y territoriales de la comunidad Coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo –en situación de desplazamiento forzado desde 2018– presentaron un amparo indirecto en aras de que el mecanismo de protección cumpla el Plan de Protección aprobado por su Junta de Gobierno.

Las personas defensoras son indígenas rarámuri, beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos desde 2018 y 2022 momento de los eventos de desplazamiento forzado.

Coloco estos ejemplos recientes para señalar que el Plan de Justicia para los pueblos de la Sierra Tarahumara requiere abordar también problemáticas que han marcado la vida de esas latitudes desde hace varias décadas, y no tienen condiciones para enfrentar a los grupos que operan en la región. Y por ello no tienen garantía de que la recuperación formal de sus tierras les permita acceder a los proyectos que la Federación les ofrece.

No nos podemos quedar con el reconocimiento, así sea de las tierras que les han despojado. Cuando la Sierra Tarahumara es una suerte de campo minado.

Por otra parte, es importante señalar que los pueblos ralámuli, ódami, pichkama y warijó no habían sido incluidos de manera central por los anteriores gobiernos, y que en los últimos años las organizaciones defensoras de derechos humanos han acompañado la defensa jurídica de algunas comunidades y logrado sentencias favorables a las mismas, pese a la cerrazón histórica del Poder Judicial ante los derechos de los pueblos indígenas, pero su ejecución no se ha garantizado.

Sería estratégico que se clarifique en cuáles casos los decretos presidenciales tienen el respaldo judicial. Justicia plena.