Quito. El gobierno de Ecuador anunció el sábado que envió al Congreso de mayoría oficialista un proyecto de ley para "desarticular la economía criminal", con miras a fortalecer la mano dura contra el narcotráfico.
El reelecto presidente Daniel Noboa, quien será posesionado el 24 de mayo para un mandato de cuatro años, declaró en 2024 la guerra al crimen organizado, que ha convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de Latinoamérica, con un asesinato cada hora.
El proyecto, que deberá ser tratado en 30 días, plantea "medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno".
A pesar de estar enmarcado en el área económica, la iniciativa busca también autorizar el uso de la fuerza a policías y militares que combatan la delincuencia.
La declaración de conflicto armado interno permite al gobierno desplegar a militares en las calles para combatir a una veintena de bandas consideradas "terroristas".
La medida ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos por presuntos abusos, asesinatos y desapariciones forzadas. Las denuncias crecieron cuando en diciembre cuatro niños fueron detenidos por una patrulla militar y, días después, sus cuerpos aparecieron incinerados cerca de una base de la Fuerza Aérea.
El proyecto de ley propone además que el presidente tenga la potestad de conceder un indulto anticipado a miembros de las fuerzas estatales de combate.
En lo económico, promueve que las donaciones a la fuerza pública sean consideradas rebajas del impuesto a la renta y que el dominio de bienes de los grupos armados organizados sean transferidos al Estado.
"Las medidas propuestas en el proyecto de ley apuntan a consolidar un marco normativo que fortalezca la lucha del Estado y las fuerzas del orden contra el narcoterrorismo y los grupos criminales, para recuperar la paz y la seguridad de los ecuatorianos", indicó el gobierno en un comunicado.
Noboa ordenó a los militares neutralizar a más de 20 bandas criminales, incluidas disidencias de las FARC y del ELN de Colombia. Entre estos grupos están los Comandos de la Frontera, que hace una semana atacaron a un escuadrón militar ecuatoriano que realizaba una operación contra la minería ilegal en la selva amazónica, con saldo de 11 uniformados muertos y uno herido.
De no ser aprobado en 30 días, el proyecto se convertirá de forma automática en ley al estar calificado de "urgente en materia económica", según la norma.
