La pugna política entre derecha e izquierda se evidenció este miércoles en Colombia, tras el hundimiento, al parecer con fraude, según el presidente Gustavo Petro, del proyecto de consulta popular que el gobierno propuso al Senado para devolver los derechos laborales a cerca de 26 millones de colombianas y colombianos. 

Puede ser la radiografía de un país dividido si se aceptan los resultados de la votación: 49 votos por el sí; 47 por el no. Sin embargo, el álgido debate, como era de esperar, terminó en una gresca que hoy tiene al gobernante partido de izquierda, el Pacto Histórico, acusando de fraude al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de filiación conservadora.

El Parlamento Colombia es bicameral -Senado y Cámara de Representantes-. Sin embargo, la Constitución sólo faculta al Senado para votar el proyecto de consulta.

La propuesta del presidente Gustavo Petro, de convocar al pueblo a una consulta popular fue la deriva a una decisión del senado que negó la reforma laboral.

“Ni lo derechos se mendigan, ni se acalla al constituyente primario”, dijo Petro en su cuenta de “X” (tiene más de 8 millones de seguidores) desde China, en donde se encuentra de visita oficial de Estado y como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), de la cual hace parte México. 

La reacción del mandatario de izquierda fue convocar al pueblo a las calles, a la Minga (movimiento indígena ampliado o trabajo colectivo), conformar cabildos populares y que las centrales obreras se declaren en asambleas permanentes.

La respuesta de la derecha fue a la defensiva y cerró filas en torno al conservador Efraín Cepeda, quien como presidente de la cámara alta comandó la votación. “El Senado declaró la no conveniencia de la consulta popular porque servía a fines politiqueros del gobierno”, dijo Cepeda. 

El las dos cámaras del Congreso con controladas por la derecha y la centro derecha que, por conveniencia política, en algunos casos, ha acompañado a la colación de izquierda, Pacto Histórico, en proyectos de ley que también son de origen gubernamental. Sin embargo, la pugna política avivada por la cercanía de las elecciones en 2026 ha llevado a que ciertos acuerdos, esencialmente burocráticos, se rompan.

Nada se ha resuelto. La votación en Senado se puede revisar para recuperar el sendero legal de la consulta popular. Tras las conjeturas de ilegalidad la Procuraduría General de la Nación (PGN) -institución que vela por el derecho de los ciudadanos y sanciona disciplinariamente al funcionario público- decidió tomar cartas en el asunto y anunció una investigación preliminar. 

“Que me expliquen cómo se puede hundir el derecho del pueblo a decidir como soberano supremo (…) el pueblo no se deja amordazar de corruptos”, escaló Petro en las últimas horas sus ataques a la derecha, para señalar que el proyecto de consulta debe ser presentado de nuevo.

Adelanto de elecciones

Nadie baja la guardia. Ni la derecha que asegura que la consulta popular es el acicate electoral del gobierno (adelanto elecciones), y tampoco la izquierda, que quiere medirle el “aceite”, a una, según ellos: “derecha recalcitrante y oligárquica que solo busca defender los privilegios de los pulpos económicos”.

Nada está escrito, pero a juicio de analistas, tanto de derecha o izquierda, sin duda la batalla por instalar la consulta popular tiene un claro objetivo: elecciones 2026. En Colombia: Nada está claro. El ambiente está caldeado.