Ciudad de México. A tres años de ser clausurada por cometer graves daños ambientales en playa del Carmen, Quintana Roo, la empresa Calica interpuso en enero pasado un amparo para continuar por 22 años con la extracción de piedra caliza y el juez federal Martín Adolfo Santos Pérez, quien lleva el caso, no notificó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre este juicio, revelaron a La Jornada fuentes relacionadas al caso.
Como parte de las “estrategias” en este caso de la empresa, filial de la estadunidense Vulcan material, los contactos aseguraron que esta omisión, cuya demanda data desde 2023, impidió a la dependencia a tener acceso a la información sobre el juicio y a ejercer su derecho para apelar la prórroga de explotación minera en la zona, que comprende el puerto de Punta Venado y los predios La Rosita, La Adelita y El Corchalito.
Precisaron que Santos Pérez enteró del juicio a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y no a la Semarnat. Las fuentes explicaron que el amparo derivó del juicio de nulidad, por lo que el juez autorizó a Calica sólo la restauración parcial, sin la sobreexplotación de material pétreo.
Ante esta exclusión, indicaron que la secretaría impugnó porque nunca fue notificada y la restauración autorizada omite la sobreexplotación, que implica el doble de lo autorizado. Ese amparo probablemente se resuelve este viernes en el Vigesimotercer Tribunal Colegiado, destacaron.
Calica, de resultar beneficiada, podría evadir su obligación de actualizar y cumplir con el Programa de Restauración Ambiental, lo que equivaldría a dar por cumplidas labores de restauración que nunca realizó.
En los últimos años la minera ha interpuesto más de 50 demandas de amparo y de nulidad, las cuales las autoridades ambientales se han defendido legalmente en cada caso, apuntaron. En cada demanda, las partes en juicio han presentado recursos de queja, revisión o incidentes, lo que presentaría más de 200 expedientes judiciales.
Durante más de dos décadas, acusaron que Calica mintió en sus autoevaluaciones al afirmar que contaba con permisos forestales y que restauraba una tercera parte de lo que explotaba, lo cual se ha probado como falso. Sus predios fueron clausurados entre 2018 y 2024 y expuso el acuífero en una superficie mucho mayor a la autorizada, reforestó más de mil hectáreas y extrajo el doble del volumen permitido.
Actualmente sus terrenos se encuentran restringidos bajo la declaratoria de Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, que impide la explotación de calizas, a través de un decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024.
