Madrid. Ante el apagón masivo en la península Ibérica, que según todos los indicios fue fruto del colapso del sistema español, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) decidió abrir una investigación propia para conocer las causas y las consecuencias, una vez que una buena parte del sistema eléctrico europeo está interconectado y lo que ocurre en un país puede tener consecuencias devastadoras en el resto, como ocurrió el pasado lunes. Entre tanto, el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, solicitó más información a los operadores privados de la energía para conocer con más detalle el comportamiento de la red en las horas previas al gran apagón.

El pasado lunes, a las 12:33 horas de la mañana, España, Portugal y una parte del sur de Francia se quedaron sin energía eléctrica y sin servicio de telefonía. Fue el más grave de la historia en esta región de Europa, con alrededor de 45 millones de afectados y sólo en España se calcula que las repercusiones económicas fueron de más de mil 600 millones de euros, lo que representa alrededor del 0,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La Red Eléctrica Española (REE), que es la responsable de la distribución y coordinación de la energía en el país y que tiene una participación del 20 por ciento del Estado, con lo que es el socio mayoritario, descartó la hipótesis del “ciberataque” y apuntó a un colapso del sistema por causas todavía por determinar.

De ahí que la ENTSO-E decidió crear un comité de expertos para investigar las causas del “incidente tan excepcional y grave” y que “investigará las causas fundamentales, elaborará un análisis exhaustivo y formulará recomendaciones en un informe final. Además, se dispondrá de “un informe exhaustivo con todos los detalles técnicos del incidente antes de la publicación del informe final”.

El comité estará presidido por operadores que no se vieron directamente afectados, e incluirá a otros expertos europeos y aquellos involucrados en el incidente. También se invitará a las Autoridades Reguladoras Nacionales y a la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) a participar. El primer informe técnico se debe presentar en un plazo de seis meses y la versión final deberá entregarse antes de que se presente el informe anual de incidencias de 2025, que normalmente se difundiría en septiembre de 2026.

Una de las primeras consecuencias del apagón es la intención de Portugal de desvincular su red eléctrica de la española, para lo que la vicepresidenta tercera del gobierno español, la socialista Sara Aagesen, decidió reunirse de urgencia con su homóloga lusa, Maria da Graça Carvalho, para “acercar posturas”.

Además, el Ejecutivo español pidió más información a los operadores privados, entre los que se encuentran Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona Energía, sobre las horas previas al gran apagón. Las peticiones se hicieron por escrito y en concreto se pidió información sobre las horas previas y las referidas al proceso de reposición.