La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó no pronunciarse nunca más en materia electoral y eliminar dos declararaciones de 2022 en las que mencionó la reforma comicial. Lo anterior, tras resolver una controversia constitucional promovida por Lorenzo Córdova, ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
La CNDH, que preside Rosario Piedra Ibarra, dijo que es la primera vez en su historia que el máximo órgano jurisdiccional la sanciona, y lo más grave, la censura y limita en sus funciones.
Advirtió que es una amenaza, que no debe ser minimizada, a la existencia misma del sistema no-jurisdicicional mexicano, porque además atenta contra su calidad de institución nacional de defensa de los derechos humanos (INDH), de acuerdo con Los Principios de París, que le reconoce el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUDH). Esto es algo que hay que decir claramente: no ha pasado en ninguna parte del mundo.
En un comunicado, anunció que acatará el fallo, pero consideró que los razonamientos e interpretación la SCJN son regresivos y restrictivos “de la más amplia defensa de los derechos humanos".
Las declaraciones que la CNDH debe eliminar son las DGDDH/081/2022 y DGDDH/082/2022, que surgen de la recomendación general 46/2022 sobre violaciones graves a derechos humanos, así como transgresiones al derecho a la democracia, a la protesta social y a la reunión y asociación cometidas por el Estado entre 1951 y 1965.
Estos documentos generaron un enfrentamiento entre el INE y la comisión, ya que mutuamente se acusaron de invasión de sus respectivas esferas competenciales, lo que llegó a la SCJN.
La CNDH destacó que el fallo sólo refuerza la evidente necesidad de reforma de las instituciones que tienen por mandato el cumplimiento del orden constitucional, esencia de la recomendación general 46/2022, a fin de buscar que prevalezca una verdadera democracia, que permita que los derechos sean ejercidos a plenitud por todas las personas.
Deploró el razonamiento de la Corte, pues los derechos político-electorales son parte de la esfera de los derechos humanos, cuya defensa corresponde a las facultades de este organismo nacional.
