El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sentencia contra la vicepresidenta ecuatoriana, Verónica Abad, por el delito de violencia política de género en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. Por ello deberá pagar una multa de 14 mil dólares y pierde los derechos políticos durante dos años, con lo cual no podrá ocupar un cargo público ni participar como candidata en ninguna elección.
La razón -a decir de tres de los cinco jueces- es haber “emitido información falsa, errada e imprecisa con la finalidad de inducirle (a la canciller) a tomar decisiones y ejecutar acciones erróneas o que incurran en una omisión”. En particular, la argumentación pasa porque Abad, en una intervención en la Asamblea Nacional, en agosto pasado denunció persecución por parte del presidente de Daniel Noboa y de Sommerfeld. En esa ocasión, entre otras cosas, dijo que la canciller era sorda a los pedidos y planteamientos que le hiciera como Vicepresidenta, que la tiene desterrada, secuestrada, censurada; y que ha amenazado contra su vida.
Ante ello se inició el proceso por violencia política de género, que en enero tuvo su primera resolución y este lunes último la ratificación de la sentencia. Al recibir la noticia, Abad dijo: “Si están pensando destituirme con este mecanismo ilegal mediático están muy mal. Si me retiran los derechos políticos estos no son “retroactivos”. Este cargo me fue dado por los ecuatorianos en el 2023. Suspender derechos políticos no equivale a destituir. Una sanción del TCE no puede usarse para remover a una vicepresidenta, y hacerlo sería un fraude constitucional. Esa competencia está reservada a la Asamblea Nacional mediante juicio político”.
En esta postura coinciden varios juristas, mucho más cuando el ministro de Gobierno, José de la Gasca, se adelantó en decir que el candidato presidente Daniel Noboa estaría buscando su reemplazo. “La sanción no implica su remoción del cargo y menos su destitución, por lo que no cabe considerar ausencia temporal, como maliciosamente afirma el Ministro de Gobierno”, señaló el abogado Joffre Campaña, a la vez que acotó: “Y si encarga la Presidencia a algún Ministro, habrá arrogación de funciones y peculado. El peculado no prescribe”.
Sin embargo, esta sentencia es parte de una cadena de acciones en contra de Abad desde que se “divorció” políticamente de Noboa desde el 23 de noviembre de 2023. Primero fue enviarle a Israel como embajadora especial para “apoyar a la solución del conflicto” con Palestina. Luego, en 2024 la enviaron a Turquía por el riesgo que corría su vida en Tel Aviv. Por ello, en la mayoría de sus declaraciones y entrevistas abordó la persecución por parte del régimen, de la canciller Sommerfeld, que en el orden de mando gubernamental está por debajo de la Vicepresidenta.
